
Hace pocos días, la CIDH escuchó a los grupos y organizaciones afros del país, como lo son Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), la Corporación Afrocolombiana Hileros-Proceso de Comunidades Negras, PCN, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, Afrodes, y Ilex, quienes expusieron la “invisibilidad” de la comunidad, luego de que -en el último censo de 2018- solo se contabilizaron 2′982.224 personas en vez de 4′671.160 de esta comunidad, entre los que están raizales, palenqueras y personas negras, es decir, un treinta porciento menos de esta comunidad.
Lo anterior, según estas comunidades, viola los diferentes derechos humanos, como lo son el de la información economía, sociales, culturales, además del más importante, el derecho a la igualdad y diversidad étnica y cultural en Colombia.
“(...) quién cuenta como ciudadano para el Estado. Al parecer, la población afrocolombiana no, y es supremamente grave que en pleno siglo veintiuno estemos discutiendo que necesitamos aparecer de una manera veraz y confiable en las estadísticas públicas”, señaló Daniel Gómez Mazo, miembro fundador de Ilex.
Y añadió “Si no tenemos datos, cómo vamos a atender las brechas sociales tan graves que experimenta la población afrodescendiente”, evidenciando la inconformidad con el censo del DANE del 2018.
Gómez Mazo explicó que influyó mucho en el resultado las pocas visitas que hizo el DANE a zonas históricas donde predominan las comunidades afrodescendientes en zonas rurales, y que no se hicieron preguntas de autorreconocimiento étnico.
El DANE, en cabeza de Juan Daniel Oviedo, reconoció su error y afirmó que hubo una omisión en el censo del 2018 que llevo a contabilizar a menos personas de esta comunidad, pero destacó que la cifra se reajustó gracias a otros estudios, como lo son la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) y un ejercicio de “machine learning” para estimar el total de personas que no se contabilizaron, según su ubicación geográfica.
“Los modelos teóricos nos permiten decir que si esas personas, de quienes tenemos nombres y apellidos, así como ubicación, se llaman de cierta manera y están en las zonas de mayor prevalencia étnica afro, tenían alta probabilidad de reconocerse como afrocolombianos; entonces hicimos un modelo de machine learning y logramos recuperar una gran cantidad de datos étnicos porque además fue posible establecer por manzanas en cada municipio en dónde estuvo la omisión y, con la georreferenciación y los demás datos, estimar la cifra municipal”, explicó el director del Dane a El Tiempo.
Oviedo señaló que hay en marchas correctivos en la entidad para mitigar el riesgo que suceda lo mismo en próximos censos poblacionales, sobre todo en el apartado étnico y así seguir produciendo estadísticas relacionadas con la comunidad afrodescendiente en Colombia.
Juan Daniel Oviedo afirmó que también hubo problemas en ese entonces de seguridad en varias zonas que influyeron a cuantas personas se podía censar y negativas a realizar este estudio como lo son en sitios como Tumaco, Quibdó, Barranquilla, Cali y Policarpa.
“Nosotros lo que les estamos diciendo a las comunidades negras es que hay diferentes formas de resolver el problema del volumen, pero el problema de las inequidades sociales y económicas ya está mapeado desde hace tiempo, por eso no sería del todo cierto decir que no pueden hacerse políticas públicas porque el censo está mal hecho”, dijo Oviedo en una entrevista para ET.
Aunque la CIDH no tiene un orden jurídico, las comunidades esperan que el Estado colombiano atiendan las observaciones que especifique la Corte.
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