La SIP rechaza proyecto de ley que protege a funcionarios públicos y amenaza a la prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa consideró un ataque a la libertad de prensa el proyecto de ley que propone hasta 10 años de cárcel y multas millonarias contra quienes critiquen a funcionarios públicos

Foto de archivo. Legisladores colombianos debaten un proyecto de reforma fiscal en el la sede del Congreso en Bogotá, Colombia, 18 de diciembre, 2018. REUTERS/Luisa González
Foto de archivo. Legisladores colombianos debaten un proyecto de reforma fiscal en el la sede del Congreso en Bogotá, Colombia, 18 de diciembre, 2018. REUTERS/Luisa González

En la Cámara de Representantes cursa el proyecto de ley anticorrupción que busca adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en Colombia. La iniciativa se radicó con el respaldo de los Ministerios Públicos y con el apoyo del gobierno de Iván Duque.

El pasado 24 de noviembre, la Comisión Primera aprobó el texto y pasó a segundo debate. Le correspondió al representante César Augusto Lorduy de Cambio Radical radicar la ponencia pero eso sí, aprovechó la oportunidad para meterle mano y agregar un artículo que preocupa a los medios de comunicación.

Se trata del artículo 221a nombrado “Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, según el cual “el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.

Ponencia radicada por César Lorduy
Ponencia radicada por César Lorduy

Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se trata de un ataque a la libertad de prensa y pidió su eliminación, por considerar que representa un “peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas”.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para “erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa”. Canahuati, CEO de Opsa, de Honduras, dijo que el proyecto de ley parece que tiene nombre y apellido; “es una herramienta para callar a medios y periodistas”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo: “Estamos frente a un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas”. Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó: “Nos extraña mucho que haya una disposición de este tipo en una ley anticorrupción, cuando justamente lo que se busca es que haya transparencia”.

Tras largas campañas realizadas por la SIP y otras organizaciones de protección de la libertad de prensa, muy pocos países latinoamericanos mantienen leyes que blindan y protegen a los funcionarios de la crítica a través de penas de cárcel y multas, entre ellos Cuba y Venezuela.

Canahuati y Jornet expresaron que la ley en Colombia es una nueva ley mordaza. “Servirá de escudo a los funcionarios, permitiéndoles acosar y perseguir judicialmente a periodistas y medios cuya labor es investigar, denunciar e incentivar al poder público para que sea transparente”.

“Esperamos que el Congreso colombiano, institución que ha sabido defender la libertad de prensa y de expresión de todos los ciudadanos, actué en consecuencia y elimine estas protecciones especiales”, concluyeron.

Por su parte Asomedios aseguró que no hay una relación entre esa disposición con el objeto de la ley, que debería ser evitar actos de corrupción precisamente en el sector públicos que los funcionarios representan.

“La tipificación de los delitos de injuria y calumnia y la responsabilidad penal y civil extracontractual derivada de la comisión de los mismos aplica para todos quienes cometan esos actos en Colombia, sean o no funcionarios o exfuncionarios públicos o sus familiares, por lo que no se entiende tampoco la creación de un régimen especial o privilegiado en caso que los sujetos pasivos de tales delitos fueran estas personas”, sostiene la asociación.

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