Ministerio de la Igualdad inicia su cierre: funcionarios reciben instrucciones ante posible liquidación el 20 de junio

El Ministerio de la Igualdad empezó oficialmente los preparativos para su cierre administrativo, pues, de acuerdo con El Tiempo, a través de una circular interna enviada la noche del 9 de junio, la entidad informó a sus funcionarios sobre los procedimientos que deberán cumplir en los próximos días para entregar funciones, equipos, documentación y puestos de trabajo, ante la inminente desaparición de la cartera.

La medida llega cuando faltan apenas siete días hábiles para el final de la actual legislatura del Congreso y en medio de un panorama político que hace cada vez más difícil salvar la entidad creada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Aunque el Ejecutivo envió un mensaje de urgencia al Congreso para corregir los problemas legales señalados por la Corte Constitucional, dentro del propio Ministerio ya consideran improbable que la iniciativa alcance a ser aprobada antes del 20 de junio, fecha límite fijada por el alto tribunal para que la entidad continúe existiendo.

¿Por qué desaparecería el Ministerio de la Igualdad?

La situación tiene origen en la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que dio vida al Ministerio de la Igualdad.

Según determinó la Corte, durante el trámite legislativo de la ley no se cumplió con los requisitos relacionados con el aval fiscal, lo que llevó a que la norma fuera declarada inconstitucional.

Desde entonces, el Gobierno intentó impulsar un proyecto para subsanar los vicios identificados por el tribunal. Sin embargo, el poco tiempo legislativo disponible, sumado a la cercanía de la segunda vuelta presidencial y la falta de consensos políticos, han reducido considerablemente las posibilidades de que la iniciativa prospere.

De hecho, una semana atrás el presidente Petro expidió una directiva presidencial en la que ordenó preparar el desmonte de la entidad y atribuyó su eventual desaparición a que el proyecto correctivo “no ha contado con el impulso y la voluntad legislativa necesaria para culminar oportunamente su trámite”.

El cronograma de cierre ya está en marcha

La circular firmada por el ministro Luis Alfredo Acosta establece un calendario detallado para las distintas dependencias del Ministerio.

De acuerdo con el documento, la mayoría de oficinas tendrán plazo hasta el 17 de junio para culminar sus actividades misionales y operativas, así como entregar informes de empalme y documentación relacionada con cada cargo.

Posteriormente:

• 18 de junio: organización interna de las dependencias.
• 19 de junio: entrega de equipos, mobiliario y expedición de paz y salvos.
• 20 de junio: fecha límite establecida para la desaparición de la entidad si no prospera la solución legislativa.

Mientras tanto, la Oficina de Planeación deberá consolidar información sobre el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y compromisos relacionados con el Acuerdo de Paz, documentación que sería entregada a un eventual agente liquidador.

Funcionarios denuncian incertidumbre por su futuro laboral

Pese a las instrucciones impartidas para el cierre administrativo, los trabajadores aseguran que todavía existen numerosas dudas sobre lo que ocurrirá con ellos.

Según el medio ya mencionado, desde SintraIgualdad, sindicato de empleados de la entidad, señalaron que aún no existe un decreto formal de liquidación ni claridad sobre el destino de los funcionarios.

Según el sindicato, alrededor de 580 trabajadores podrían verse afectados, incluyendo personal vinculado a las oficinas regionales.

“Nosotros todavía no tenemos decreto de liquidación. El Presidente emitió una directiva en la que pidió garantizar que no hubiera traumatismos para los trabajadores y que no se perdieran los programas. Sin embargo, seguimos sin respuestas claras”, expresó una de las voceras de la organización sindical según el diario.

Los representantes de los trabajadores también manifestaron preocupación porque aún no se ha designado un agente liquidador que coordine el proceso de cierre de la entidad.

“La misma Subdirección de Talento Humano nos dijo que tampoco sabe qué va a pasar. Y justamente debería ser una de las áreas encargadas de orientar a los funcionarios sobre su situación”, indicaron.

Gobierno ordena redistribuir programas sociales

Ante la eventual desaparición del Ministerio, el Gobierno ya activó un plan de reorganización institucional para evitar que los programas dirigidos a poblaciones vulnerables queden suspendidos.

La directiva presidencial establece que entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de Prosperidad Social asumirán parte de las funciones actualmente desarrolladas por la cartera.

El objetivo es garantizar la continuidad de programas enfocados en mujeres, jóvenes, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, campesinos, personas con discapacidad y otros sectores históricamente excluidos.

Las entidades involucradas deberán presentar antes del 17 de junio los actos administrativos necesarios para asegurar que estas políticas públicas continúen funcionando después de la supresión del ministerio.

Protección laboral y riesgos jurídicos

Otro de los aspectos contemplados en la directiva presidencial es la protección de los funcionarios públicos que podrían verse afectados por la reorganización institucional.

Para ello, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado acompañará el proceso con el fin de identificar y mitigar riesgos de demandas laborales o administrativas derivados del cierre de la entidad.

Asimismo, la Función Pública tendrá la responsabilidad de orientar técnicamente la reubicación de funciones y empleos dentro de otras entidades estatales, procurando garantizar el respeto de los derechos laborales.

El futuro del Ministerio parece definido

Aunque todavía no se ha expedido el decreto formal de liquidación, las señales enviadas por el Gobierno y las instrucciones internas emitidas en los últimos días apuntan a un mismo escenario.

Salvo que el Congreso logre aprobar una solución legislativa en tiempo récord antes del 20 de junio, el Ministerio de la Igualdad desaparecerá oficialmente y sus funciones serán redistribuidas entre diferentes entidades del Estado.

La transición representa uno de los mayores retos administrativos del Gobierno Petro, que deberá garantizar la continuidad de los programas sociales, proteger a cientos de funcionarios y evitar que la desaparición de la cartera afecte la atención de las poblaciones para las que fue creada.