Fiscalía investiga 400 casos por evasión de impuestos y contrabando

Conjuntamente con la DIAN se recuperaron 618 mil millones de pesos y desarticulado 15 organizaciones criminales responsables de este tipo de delitos

En la imagen, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa. EFE/Carlos Ortega/Archivo
En la imagen, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Se entregaron los resultados de las investigaciones que asumió la recién creada Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, encargada de investigar casos de “omisión de agente retenedor o recaudador a nivel nacional, omisión de activos en el exterior, fraude al IVA”.

Los resultados más destacados indicaron que son más de 15 organizaciones criminales desarticuladas y se logró la recuperación de 618.000 millones de pesos por parte de la Fiscalía y la DIAN.

En la presentación del informe, el fiscal general, Francisco Barbosa, destacó los esfuerzos coordinados de ambas entidades así como recalcó el logro obtenido por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales:

El monto de las sumas retenidas y no consignadas a favor de la Nación, en lo que respecta a los casos investigados, correspondería a 618.000 millones de pesos, lo que representa el 52% del total de los dineros dejados de pagar en favor del erario público

En ese sentido, Barbosa indicó que las acciones contra el contrabando han impactado a 5 redes dedicadas a este delito que se aprovechaban de programas especiales de importación y exportación en los últimos seis meses; el funcionario agregó que el éxito de dicha labor se debe a la articulación de acuerdos comerciales suscritos por Colombia con otros países para realizar las operaciones en contra de este tipo de delitos.

“En cuanto a la lucha contra el contrabando abierto, se ha logrado la incautación de mercancía, especialmente de cigarrillos, avaluados en más de 19.000 millones de pesos; representados en cerca de siete millones de cajetillas. Estas incautaciones fueron realizadas en mar territorial colombiano La mercancía pertenecía a ciudadanos panameños, venezolanos y colombianos, quienes pretendían ingresarla cerca a los puertos en Cartagena y Coveñas, para luego acopiarla en Medellín y ser distribuida de manera ilegal en el resto del país, una parte de esta llegaría al Ecuador”, indicó el jefe del ente investigador.

Sobre los delitos fiscales, Barbosa explicó que a la fecha han sido judicializadas más de 50 personas, presuntamente, responsables de incurrir en contrabando por cerca de 40.000 millones de pesos : “en más del 50 % de los casos han sido aplicadas medidas de aseguramiento privativas de la libertad”.

Las declaraciones del fiscal general finalizaron con los resultados de los procesos de extinción de dominio en 2021: “tenemos más de 19 billones de pesos, es decir, 4.000 millones de dólares en extinción de dominio, en un trabajo conjunto que estamos haciendo también con la Dian y con otras entidades del Estado”.

Precisamente, el gobierno nacional ha radicado ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo de atacar a las organizaciones terroristas y de lavado de activos que operan en Colombia, al congelar directamente sus fuentes de financiamiento.

Dicha iniciativa hace parte del documento de ‘Política nacional antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva’ presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ante el Consejo de Política Económica y Social (CONPES), el cual ya fue aprobado. El mismo requerirá de $10.392 millones entre 2021 y 2026 para fortalecer las acciones de prevención, investigación y sanción de estas acciones delictivas.

La intención del proyecto sería sería modificar algunos aspectos de la forma en la que se entiende el crimen de lavado de activos en Colombia, de forma que sea posible, entre otras cosas, congelar los bienes de dichos grupos terroristas con mayor facilidad, teniendo en cuenta que al atacar la base financiera de estos grupos, se minimiza el riesgo de que los recursos sean utilizados para fines ilícitos de mayor gravedad.


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