Procuraduría abrió indagación a policías que capturaron a Enrique Vives

Mientras que el ente acusador pide medida carcelaria para el implicado, el Ministerio Público busca analizar todo el material probatorio

En la imagen, el empresario Enrique Vives Caballero, quien atropelló a siete jóvenes en Santa Marta, de los cuales, seis fallecieron
En la imagen, el empresario Enrique Vives Caballero, quien atropelló a siete jóvenes en Santa Marta, de los cuales, seis fallecieron

En la mañana de este sábado 18 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una investigación en contra de los policías que capturaron, custodiaron y posteriormente judicializaron al empresario Enrique Vives Caballero, quien atropelló a 7 personas, de las cuales 6 perdieron la vida, el pasado 13 de septiembre en Gaira, Santa Marta.

De acuerdo con el Ministerio Público, quieren esclarecer los aún desconocidos y controvertidos hechos en los que el sujeto cometió el siniestro vial que hoy enluta a los samarios y las familias de las víctimas mortales.

“El ente de control busca establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas supuestas irregularidades en el procedimiento realizado por los miembros de la Policía Nacional al momento de la captura de Vives Caballero y su disposición ante el juez de conocimiento.”, precisó la entidad en un comunicado de prensa.

En ese sentido, la Procuraduría buscará establecer la existencia de material probatorio que evidencien faltas disciplinarias o de proceso de los uniformados y así “esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó el procedimiento policial por parte de los funcionarios adscritos a la Policía Metropolitana de Santa Marta”, agregó la institución, dirigida por Margarita Cabello.

Al final del pronunciamiento del Ministerio Público, advierten que dentro de las pruebas cotejadas en sus archivos se tienen en cuenta la visita del ente de control a la Fiscalía de Conocimiento de Santa Marta y a la Policía Metropolitana.

La apertura de una indagación formal a los policías implicados se conoce luego de que este viernes, 17 de septiembre, las autoridades de Santa Marta confirmaron un nuevo aplazamiento en la audiencia de imputación de cargos en contra del empresario, Enrique Vives, quien habría ocasionado el fatídico accidente.

De acuerdo con el abogado del señalado, Alex Fernández, la solicitud la hizo la propia Fiscalía General de la Nación que tiene la intención de ordenar más exámenes médicos para conocer la salud física y mental de Vives, antes de emitir los cargos bajo los que buscará juzgarlo.

En palabras del defensor, “resulta establecer su estado de salud en este instante. La Fiscalía General de la Nación ha solicitado una valoración médica, psiquiátrica de él, por eso estamos esperando los resultados para ser verificados y continuar con la diligencia”.

Valga recordar que la audiencia en cuestión había iniciado en la noche del pasado 14 de septiembre, pero tuvo que ser aplazada por dos motivos: Medicina Legal aseguró no tener un médico para verificar el estado de salud de Vives que se encontraba internado, sin permiso, en la clínica Perfect Body luego de haber sido capturado y llevado a una URI de la Policía; luego, este mismo aseguró ante la juez Olmis Cotes estar sintiendo dolores abdominales, producto del choque.

Al día siguiente se celebró una nueva reunión con el objetivo de programar una visita a dicho centro médico, por medio de la cual el despacho de la juez verificaría el estado de salud del señalado para proceder con la imputación. Si bien esta quedó para las nueve de la mañana del 16 de septiembre, Vives volvió a trasladarse en contra de la orden expresa de la jueza, esta vez a la Fundación Santa Marta por el Niño en donde le realizarían exámenes psiquiátricos.

El proceso volvió a dar señas de avance en la noche de ese mismo día, cuando Medicina Legal finalmente emitió un parte señalando que el empresario está en condiciones de ir a la cárcel, con permisos de salida para controles médicos y psiquiátricos si es que llega a ser necesario. “El examinado puede recibir tratamiento, incluso estando en reclusión formal”, señaló la juez Cotes durante un tercer intento de audiencia celebrado anoche.

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