Médicos exigen la renuncia de la interventora del Hospital Universitario de Sincelejo

Mientras Colombia sigue redoblando esfuerzos para superar una de las más grandes crisis sanitarias del mundo moderno, algunas de sus instituciones de salud continúan presentando inconvenientes. Este es el caso del Hospital Universitario de Sincelejo (HUS), que podría quedarse sin interventoría, tras numerosas denuncias de médicos y hasta defensores de derechos humanos.

Así lo confirmó este sábado 7 de agosto el diario barranquillero El Heraldo, que publicó las denuncias hechas por anestesiólogos, entre otros profesionales de dicho centro hospitalario, quienes a su vez aseguran que a pesar de contar con dicho seguimiento, que se supone debe hacer cumplir las normas y los contratos adquiridos por las instituciones, llevan desde 2019 sin recibir el correcto pago de sus salarios. De hecho, afirman que les están cobrando una tajada por consignarles.

De ahí que, el médico y defensor de derechos humanos Juan David Díaz Chamorro le haya contado a ese diario que están exigiendo la renuncia de la persona que ocupa dicho cargo: Inés Loaiza Guerra. “Les ha exigido el 30 por ciento para pagarles lo que les adeuda. Lo que sin duda es un impedimento moral para que una persona de esta calaña esté al frente de una entidad que nos pertenece y se sostiene con nuestros impuestos, donde se salvan vidas y cuyos recursos son escasos”, aseguró el profesional.

Su testimonio lo confirmaron, también ante El Heraldo, los anestesiólogos Ángel Camargo, Darwim Ozuna y Ginna Quiroz, quienes aseguran que tras negarse a pagar esa cuota, la interventora Loaiza habría procedido a consignarles a los especialistas de otras áreas que si aceptaron el trato, calificado como corrupto por todos los afectados.

“No es posible que en plena pandemia de la covid-19 cuando no hemos dejado de prestar el servicio a la comunidad y que somos primera línea, que nos contagiamos con covid, que se murieron compañeros nuestros, no se nos tengan en cuenta y se hagan los oídos sordos. Nos llama la atención que un hospital intervenido por la Supersalud que debe mostrar transparencia en el manejo de los recursos actúe de esta manera sospechosa y corrupta”, dijo uno de los anestesiólogos.

La situación es tal, agregaron, que se han visto en la necesidad de abrir huecos para tapar otros, accediendo a préstamos para cubrir deudas y buscando la forma de que autoridades como los ministerios de Salud y del Trabajo se tomen el tiempo de escucharles y darles solución, pues tras plantearle sus quejas al hospital que recibieron respuesta en la forma de amenazas de despido.

En ese sentido, Díaz aseguró que la interventora es “un peligro para el centro hospitalario más importante de nuestro departamento y que ha soportado su saqueo permanente por parte de los politiqueros de turno, que una vez más está en manos de un grupo de corruptos que desde la creación de Sucre como departamento viven del saqueo al erario público. Ha sido denunciada en varias ocasiones por malos manejos en esta entidad y quién al parecer los más de 30 millones de pesos mensuales que recibe como salario no sacian su ‘apetito’”.

Ante las denuncias, también salió a la luz el testimonio de Loaiza, quien por medio de un comunicado negó haber hecho cobros sobre el pago de los salarios atrasados, y hasta aseguró que se trata de acusaciones falsas que buscan atentar en contra de su imagen. No obstante, reconoció que sí existe una deuda de $6.000 millones con los especialistas del hospital, incluyendo $272 millones que se les debe a los anestesiólogos que la denunciaron.

“Estas deudas acumuladas no han sido canceladas; esto como consecuencia de la disminución en la producción y facturación de servicios por cuenta de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, aunado a las dificultades en el giro directo programado por las EPS del régimen subsidiado con la que se cuenta con contrato vigente”, agregó la funcionaria, refiriéndose a las deudas con contratistas indirectos, asistenciales y administrativos.

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