Consejo Nacional de Paz rechaza “juicio revolucionario” del ELN y asesinato del periodista Mateo Pérez

El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia expresó su “profundo rechazo” frente a los recientes hechos de violencia registrados en el país, particularmente el denominado “juicio revolucionario” del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación y miembros de la Fuerza Pública.

En su comunicado oficial, el organismo señaló que este tipo de acciones constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al desconocer las garantías del debido proceso y atribuir funciones judiciales a grupos armados ilegales.

El Consejo fue enfático en señalar que: “Ningún grupo armado ilegal puede atribuirse funciones de administración de justicia ni someter a civiles o servidores públicos a procedimientos por fuera del marco constitucional y legal colombiano”.

Los funcionarios del CTI identificados como Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo López Estrada, así como integrantes de la Fuerza Pública privados de la libertad desde el 8 de mayo de 2025, fueron mencionados en el pronunciamiento.

El organismo exigió garantías plenas para la vida e integridad de los secuestrados, además de su pronta liberación, reiterando que sus funciones estaban amparadas por la Constitución y la ley.

Asimismo, el Consejo Nacional de Paz hizo un llamado a todos los grupos armados ilegales para que cesen las acciones violentas contra la población civil y respeten de manera estricta el Derecho Internacional Humanitario.

En su declaración, también insistió en la necesidad de que el país avance hacia escenarios donde prevalezca el diálogo sobre las armas, y donde se protejan las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Rechazo al asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia

En el mismo comunicado, el Consejo Nacional de Paz rechazó de manera categórica el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en el departamento de Antioquia, un hecho que calificó como una grave afectación a la libertad de prensa en Colombia.

El organismo señaló que este crimen representa una vulneración directa al derecho a la información y al ejercicio del periodismo, especialmente en zonas donde persiste la presencia de actores armados ilegales.

Mateo Pérez era un joven periodista comprometido con su territorio, director del medio digital El Confidente, y estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín. Según el Consejo, su labor reflejaba el esfuerzo de muchos jóvenes que, desde la comunicación y la educación, trabajan en la construcción de paz en Colombia.

El pronunciamiento advierte que la violencia contra periodistas constituye una amenaza directa contra la democracia y contra el derecho de las comunidades a estar informadas.

Solidaridad con las víctimas y llamado a la protección de la vida

El Consejo Nacional de Paz expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, sus compañeros de trabajo y las comunidades afectadas por estos hechos violentos, los cuales, según el organismo, profundizan el miedo y la incertidumbre en los territorios.

Además, reiteró el llamado al Estado para fortalecer las acciones de protección a quienes ejercen funciones públicas, liderazgo social y periodismo en zonas de alto riesgo.

El organismo insistió en que ninguna forma de violencia puede ser aceptada como mecanismo de intimidación o control en el país.

Contexto: asesinato de Mateo Pérez Rueda en el norte de Antioquia

El pronunciamiento del Consejo se conoce en medio de la conmoción por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, de 24 años, quien fue hallado sin vida tras permanecer desaparecido durante cuatro días en el norte de Antioquia.

El joven realizaba labores de reportería en el municipio de Briceño, donde investigaba la crítica situación de orden público en zonas rurales afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Su desaparición ocurrió el martes, y su cuerpo fue hallado posteriormente tras una misión humanitaria en la que participaron la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, debido a las difíciles condiciones de seguridad en la zona.

El caso generó una amplia reacción de organizaciones de prensa y defensores de derechos humanos, que han exigido garantías para el ejercicio del periodismo en regiones afectadas por el conflicto armado.

Velación y homenajes en Yarumal

Tras la entrega del cuerpo por parte de Medicina Legal en Medellín, el periodista fue trasladado a Yarumal, Antioquia, donde familiares, colegas y ciudadanos le rindieron homenaje.

El parque principal del municipio se llenó de velas en señal de despedida, mientras amigos y periodistas destacaron su compromiso con la información y su interés en documentar las dinámicas del conflicto armado en el norte del departamento.

Las exequias del comunicador fueron programadas en la Basílica Menor Nuestra Señora de las Mercedes, en Yarumal, y su posterior sepultura en el Cementerio El Carmen.

“Juicio revolucionario” del ELN y rechazo del Gobierno

El pronunciamiento del Consejo Nacional de Paz se suma al rechazo expresado por distintos sectores del Gobierno nacional frente al denominado “juicio revolucionario” del ELN, en el que el grupo armado informó sobre decisiones contra funcionarios del CTI y de la Policía Nacional.

La delegación del Gobierno en los diálogos de paz calificó estos hechos como un retroceso en los esfuerzos de negociación, al insistir en la necesidad de liberar a los secuestrados sin condiciones.

Según lo informado, los funcionarios fueron sometidos a lo que el ELN denomina “prisión revolucionaria”, figura que no tiene reconocimiento en el ordenamiento jurídico colombiano.

El anuncio ha generado preocupación en distintos sectores políticos y sociales, que advierten sobre el impacto de este tipo de acciones en los procesos de paz y en la seguridad de servidores públicos en el país.