Con dinero público, militares compraron armas y uniformes para disfrazar a víctimas y hacerlos pasar como guerrilleros

Según lo hallado por la JEP dentro del caso de los ‘falsos positivos’, con dinero público los militares no solo pagaban los estímulos para la presentación de bajas, sino que compraron armas y otros elementos para pertrechar a las víctimas que hacían pasar luego como guerrilleros muertos en combate.

Bogotá. 16 de Marzo del 2021. MAFAPO Madres de Falsos Positivos, realizan un plantón en memoria de los 6402 falsos positivos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre el 2000 y 2008 al frente del edificio de la JEP donde también hacen un llamado al derecho a la verdad. (Colprensa-Sergio Acero)
Bogotá. 16 de Marzo del 2021. MAFAPO Madres de Falsos Positivos, realizan un plantón en memoria de los 6402 falsos positivos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre el 2000 y 2008 al frente del edificio de la JEP donde también hacen un llamado al derecho a la verdad. (Colprensa-Sergio Acero)

Este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó los hechos y conductas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate conocidos como ‘falsos positivos’ entre el 9 de enero de 2002 y 9 de julio de 2005, atribuibles a algunos miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”.

Esta vez los coroneles (r) Publio Hernán Mejía, Juan Carlos Figueroa y otros 13 militares fueron señalados por el tribunal de paz como los responsables de 126 asesinatos a civiles inocentes y presentados como bajas en combate.

En el auto de la JEP, no solo se relata cómo estos militares hicieron alianzas con grupos paramilitares para conseguir a las personas que señalaban como auxiliares de la guerrilla y ‘bandidos’, sino que relataron que con dinero público que se le entregaba al batallón, se compraban las armas y los uniformes con los que disfrazaban a las víctimas de estos hechos.

“Los dineros destinados para la manutención de las tropas fueron considerados como un estímulo para la presentación de bajas. Estos recursos, incluso, fueron utilizados para la compra de armas y otros elementos para pertrechar a las víctimas. Asimismo, los permisos y el tiempo que se daba para estos fueron adquiriendo mayor relevancia, así como los estímulos frente a la entrega de armas e incluso pagos en dinero resultaron relevantes para incentivar las bajas”, señaló la JEP.

Según reconoció el exmilitar Boris Alejandro Serna ante esa Sala, antes de iniciar la operación, las tropas ya tenían claro que iban a presentar un resultado ilegítimo, por ello, entre todos se pusieron de acuerdo para comprar en Valledupar las armas que les plantarían a las víctimas. Para el efecto, reunieron el dinero y un suboficial se desplazó a comprarlas.

Con esa plata también se financiaban los desplazamientos que debían adelantar para el reclutamiento de víctimas que pudieran estar interesadas en aceptar las supuestas ofertas de trabajo. “Así, se recolectaba dinero o se contaba con fondos para traslados y consecución de armas y los uniformes para las víctimas, lo que luego se llamó el ‘kit de legalización’”, se detalla en el auto.

Los cuerpos de las víctimas de 'falsos positivos' aparecían vestidas de camuflado con un arma en las manos.
Los cuerpos de las víctimas de 'falsos positivos' aparecían vestidas de camuflado con un arma en las manos.

Ese kit estaba compuesto por armas y munición, y algunas veces también incluía los uniformes y demás insignias y pertrechos para justificar que las víctimas pertenecían a un grupo armado ilegal, en muchos casos de la guerrilla de las Farc.

Pero el dinero del batallón, como lo mencionó la JEP en su imputación, también se les entregaba como incentivo a los militares que participaban en estas operaciones ilegítimas. Según relató el coronel Mejía Gutiérrez, los permisos eran otorgados a la tropa “por sus necesidades familiares” o por el cumplimiento del tiempo “en el área de operación”. Cada soldado tenía una partida diaria de “alimentación, lavado y peluquería”, equivalente a unos $9.000 o $10.000 pesos, que era el dinero que se les reintegraba.

A los permisos contemplados en el plan de bienestar, que eran otorgados por el tiempo en el área, se sumaban los días adicionales de permiso que eran concedidos por las bajas en combate. Estos permisos estaban asociados a la felicitación que por el resultado recibiera el personal involucrado, conforme lo establecido en el Decreto 1797 de 2000 o en la Ley 836 de 2003. En ambos eventos, los beneficiarios de los permisos recibían el dinero correspondiente a los días que permanecieran fuera de la unidad.

Pero para los militares, según la JEP, también había dinero asociados a la entrega de armamento junto con las personas supuestamente asesinadas en combate. El tribunal de paz recibió versiones de comparecientes que refieren haber recibido y conocido de entregas de sumas de dinero asociadas a ese armamento. Respecto de los montos, los comparecientes coincidieron en señalar que las bajas en las que se presentaran armas largas eran retribuidas con un millón de pesos, mientras que si se presentaban con armas cortas recibían medio millón de pesos.

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