Tutela ordena la aplicación de la segunda dosis de Pfizer en un plazo de 21 días, en vez de los 56 que usa MinSalud

El mandato se da luego de que un ciudadano de Cartagena elevara la solicitud legal, argumentando que no existen fundamentos científicos que comprueben la eficacia del biológico después de dicha cantidad de días.

A health worker fills a syringe with a dose of the Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) vaccine at Movistar Arena in Bogota, Colombia June 16, 2021. Picture taken June 16, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez
A health worker fills a syringe with a dose of the Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) vaccine at Movistar Arena in Bogota, Colombia June 16, 2021. Picture taken June 16, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

Si bien el Plan Nacional de Vacunación parece avanzar al ritmo presupuestado del Gobierno nacional, que quiere completar la inmunización de 35 millones de colombianos contra el covid-19 para diciembre de este año, hay quienes no han dudado en mostrar su descuerdo con algunas de las decisiones tomadas en pro de ello. Es el caso de Ernesto Camilo Brugés López, un ciudadano que no ve con buenos ojos la medida de extender la aplicación de la segunda dosis de Pfizer de 28 a 56 días.

Así quedó claro luego de que el juzgado 4º civil del circuito de Cartagena resolviera, mediante acción de tutela, la solicitud de Brugés para que el Ministerio de Salud y Protección Social y la Nueva EPS le apliquen la segunda inyección de dicho biológico en las próximas 48 horas, en concordancia con las instrucciones oficiales proporcionadas por el fabricante norteamericano, y no dentro de poco más de un mes, como presupuesta la nueva regulación nacional.

Es que, según reza el documento en cuestión, “no se han realizado estudios de eficacia de la Vacuna Pfizer, en intervalos mayores a 21 días, por tal motivo afirmar que la segunda dosis de la requerida vacuna puede ser aplicada en un intervalo de 0 a 90 días, carece de fundamento científico alguno”, por lo que el PNV no cuenta con argumentos suficientes para forzar el aplazamiento mencionado.

Valga señalar que, el proceso para emitir esta orden se viene desarrollando por lo menos desde el pasado 22 de junio, cuando el juzgado en cuestión le pidió a la cartera sanitaria que proporcionara todas las investigaciones y demás soportes científicos que sustentan la modificación en el plazo de aplicación de la segunda dosis de Pfizer, inicialmente anunciado a mediados de junio pasado.

En ese momento, el jefe de la cartera de salud, Fernando Ruiz, había explicado que “Dado que la vacuna de Pfizer tiene un nivel de protección cercano al 80 por ciento con una única dosis y del 92 por ciento con dos dosis, tratamos de extender lo más que podamos la disponibilidad de vacunas para tener la mayor cobertura posible”. Eso, precisamente, en momentos en los que había incomodidad a nivel nacional por el desabastecimiento de segundas dosis de esa vacuna en varias ciudades, incluida Bogotá.

A su voz se sumaban otras de expertos, como la de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), que en mayo había asegurado que de acuerdo con estudios internaciones ampliar el tiempo de aplicación de una dosis a otra podría ser una buena solución para salvar vidas.

“Prolongar el intervalo para la segunda dosis de algunas vacunas contra el SARS-CoV-2/COVID-19 salva vidas”, aseguró el presidente ACIN José Millán Oñate y agregó, “consideramos que para disminuir la mortalidad mediante un aumento de la cobertura en vacunas de población menor a 60 años es recomendable aumentar el tiempo de administración de la vacuna de Pfizer/BioNTech de 21 días a 84 días, sin que este aumento de intervalo disminuya la inmunidad alcanzada con la segunda dosis y se obtenga un gran impacto en la disminución de las hospitalizaciones y las muertes por covid-19 en la población colombiana”, señalaban.

Sin embargo, el juzgado determinó que la decisión de extender el periodo entre dosis resulta injustificado y pone en riesgo los derechos fundamentales a la salud, a la vida e incluso al trabajo en condiciones dignas, pues lo que se busca con la aplicación oportuna de la vacuna contra el covid-19 es, justamente, el regreso a la normalidad en dichas áreas, tras casi año y medio de pandemia.

En palabras del juez, los documentos remitidos por el Ministerio de Salud no satisfacen el requerimiento, “pues, con el informe no se avizora mayor información obtenida para validar la decisión, de manera que se incumple de manera parcial lo ordenado por esta instancia”. A pesar de ello, el periódico local El Tiempo asegura que la cartera buscará impugnar la decisión tomada en Cartagena.

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