Militares retirados dicen que ‘falsos positivos’ no fueron una “política institucional” como aseguró la JEP

La Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 personas, entre ellos un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo, y a un tercero civil dentro del subcaso Norte de Santander del Caso 03 ahora llamado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.

Por su participación determinante en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo (Norte de Santander), presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008, y así aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar, la Sala de Reconocimiento les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

Los imputados, identificados como máximos responsables en la modalidad de liderazgo por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada, son el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

Ante esa noticia que entregó la JEP, la Asociación Colombiana de Oficiales de las FF.MM, en Retiro (Acore) se pronunció y aseguró que las ejecuciones extrajudiciales de las que son responsables oficiales, suboficiales y soldados les duelen y solo pueden generar repudio de quienes abrazaron la carrera de las armas para servir y proteger al pueblo.

“Es impreciso e incorrecto decir que existió una política institucional de conteo de cuerpos práctica del Ejército norteamericano en Vietnam que nunca se contempló en nuestra doctrina, ni en nuestros criterios operacionales. No existe un solo documento administrativo u operacional, ni manual, ni directiva, ni instrucciones operacionales que así lo indiquen. Los lamentables casos presentados ocurrieron a modo personal y por decisiones individuales o grupales que se alejaron de todas las políticas institucionales vigentes”, señalaron desde Acore.

Y agregaron, “rechazamos por impropia y peligrosa, la expresión de que estos casos obedecieron a un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, expresión que es parte de la campaña política comunista para presentar un ataque terrorista y del narcotráfico contra un estado democrático, como una guerra civil contradicen este infundio estadísticas internacionales y nacionales que consistentemente presentan a las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, como la institución de mayor simpatía en el país”.

Los militares añaden que la JEP carece de la legitimidad moral suficiente para juzgar con un mismo rasero a violadores de los Derechos Humanos, hoy fungiendo como parlamentarios y quienes debieran estar en la justicia ordinaria y a militares que, de ser condenados por conductas delictuosas, debieran ser juzgados por la Justicia Penal Militar.

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