Cuerpo docente de Univalle rechaza violencia contra civiles y denuncia amenazas

En un reciente comunicado, los profesores de la Universidad del Valle piden que se “recupere el estado de derecho”.

Foto: Univalle
Foto: Univalle

A los distintos mensajes de rechazo a la violencia con armas en Cali que llegan por parte de todos los sectores, este martes se sumaron los profesores y profesoras de la Universidad del Valle enunciando que se solidarizan con la ciudadanía “que, a lo largo de nuestro país, expresan de manera pacífica su descontento”.

El cuerpo docente de la universidad expresó que todo el movimiento sociales “revela el malestar que da cuenta de las profundad inequidades sociales que nos atraviesan”. Los maestros y maestras hicieron un llamado a lo acontecido en la noche de este lunes cuando se reportaron disparos, presuntamente, de la Fuerza Pública contra manifestantes sin armas y lo califican de un acto que ha significado “la sepultura de nuestra democracia”.

“A la fecha, solo en Cali y el Valle del Cauca, damos cuenta de una masacre en la que más de veinte jóvenes fueron asesinados, en nombre de la institucionalidad y a manos de las fuerzas militares y policiales de la nación. Todo en contravía de la Constitución Política. A todas las víctimas de la movilización expresamos nuestra solidaridad”.

Los educadores pidieron que se proteja y respete la movilización pacífica para garantizar que las voces sean escuchadas. “Nuestro llamado es para que los y las ciudadanas sean reconocidas como tal, no como criminales”. En sus peticiones está que el alcalde, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora, Clara Luz Roldán, tomen las riendas de la situación.

Exigieron respeto por el cuerpo docente que ha sido amenazado, por los estudiantes y hasta por la infraestructura de la institución. “Nuestra voz se suma a otras que plantean restituir la democracia y recuperar la justicia: es necesario que la represión estatal no quede impune”, señalaron. Proponen que se haga el desescalamiento de la confrontación como solución para generar espacios democráticos de diálogo.

“Finalmente, hacemos un llamado urgente para que entidades nacionales e internaciones defensoras y veedoras de los Derechos Humanos hagan una presencia activa y garanticen así el respeto a la vida y a la movilización social”.

La carta es girmada por la Asamble Docente de la Universidad del Valle que tiene sede en Buga, Caicedonia, Cartago, Cali-Meléndez, Norte del Cauca, Pacífico, Palmira, Cali-San Fernando, Tuluá, Yumbo y Zarzal.

Las razones

Además de los muertos reportados, este martes 3 de mayo, una comisión humanitaria integrada por funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se desplazó a la ciudad de Cali para verificar la situación durante las jornadas de movilizaciones del paro nacional y fue víctima de agresiones.

En medio de esa labor, cuando se disponían a verificar las condiciones de unos ciudadanos que habían sido capturados durante las manifestaciones, fueron atacados con disparos y víctimas de amenazas, presuntamente, por parte de miembros de la Policía de la Estación Fray Damián, de la ciudad de Cali, según la Procuraduría.

El Ministerio Público rechazó la acción violenta y asumió por poder preferente la indagación preliminar para el esclarecimiento de los hechos, es decir que investigará la situación a parte de las pesquisas que adelante la Policía sobre el mismo hecho.

La procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, ordenó que de manera inmediata se realice la apertura de una indagación preliminar con el fin de determinar las condiciones de tiempo, modo, lugar, y los uniformados que presuntamente realizaron estas acciones violentas, agresiones e intimidaciones contra los integrantes de la Comisión”, señaló el Ministerio Público.

La Procuraduría también solicitó a la Fiscalía General de la Nación que asuma indagaciones paralelas sobre el hecho, con el fin de determinar quiénes fueron los responsables de la agresión de la que fueron víctimas miembros de la ONU y las autoridades de control del país.

Juliette de Rivero, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, señaló que no hubo disparos directos en contra del equipo del organismo internacional, pero otros miembros de la comisión sí recibieron “amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado”.

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