Críticas ante la Corte Constitucional por nuevo código electoral

La iniciativa fue aprobada por el Congreso en el mes de diciembre de 2020

Foto de archivo. La fachada de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, Colombia, 22 de octubre, 2019. REUTERS/Luisa González
Foto de archivo. La fachada de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, Colombia, 22 de octubre, 2019. REUTERS/Luisa González

Hace unos días en la Corte Constitucional venció el plazo para presentar quejas y reclamos al proyecto de Código Electoral, que aprobó el Congreso en tiempo record y que define las reglas de juego de las elecciones que se llevaran acabo en el 2022.

El código incluye asuntos claves como la conformación de listas paritarias, nueva reglamentación sobre el desarrollo de los comicios, el calendario, los pre-conteos y escrutinios, el uso de nuevas tecnologías y sobre las encuestas, entre otros.

De acuerdo con la Silla Vacía, de las más de 40 intervenciones que se presentaron desde enero, una tercera parte apunta a tumbar un artículo que tuvo poca discusión en el Congreso, y que le daría nuevos poderes al registrador nacional Alexander Vega.

El artículo 44 le abriría las puertas a la Registraduría para tener el control total, y no solo electoral como es hasta ahora, de la identificación y autenticación de todos los datos biométricos de los ciudadanos. Es decir, limitaría la concurrencia de los particulares en materia de identificación y autenticación de las personas mediante medios tecnológicos, y convirtiendo de paso a la Registraduría Nacional en la autoridad para esos fines.

Un poder que, según la Cámara de Comercio Colombo Americana, “es más propio de regímenes totalitarios”.

Según el portal de Asuntos Legales en torno a la identificación y autenticación de las personas por medios tecnológicos se han desarrollado múltiples herramientas para la interacción de los usuarios de las plataformas virtuales. En la actualidad existen un promedio de ocho empresas que se dedican a desarrollar mecanismos de firma digital, otras tantas encargadas del desarrollo de herramientas para garantizar la seguridad en las sucursales virtuales de las entidades financieras y en las plataformas de pago, instrumentos indispensables para el adecuado desarrollo del comercio electrónico.

Esto quiere decir que, esta propuesta implica una limitación a la iniciativa privada y a la libertad de empresa cuyo funcionamiento se basa en el comercio electrónico, la prestación de servicios públicos y otros cuantos sectores esencialmente desarrollados por el sector privado.

Por esto algunos sectores como la Andi y Asobancaria, reconocidos abogados constitucionalistas y organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y la privacidad se han declarado en contra de este articulo por lo que le pidieron a la Corte que sea estudiado y modificado.

Pues se lee de forma negativa en dos direcciones, la primera dejaría por fuera del negocio de la identificación y la autenticación a bancos, notarías, cámaras de comercio, industrias tecnológicas, empresas postales y de telefonía celular, entre otros; y la segunda, es visto como una amenaza a las libertades individuales y al derecho a la intimidad en entornos digitales. Pues autoriza a la Registraduría a compartir la base de todos los datos de los colombianos, incluyendo los biométricos como la huella o el reconocimiento facial, a otras entidades del Estado como la Policía o los organismos de vigilancia, sin el consentimiento de las personas.

Juan Diego Castañeda, investigador de la fundación Karisma, dijo a la Silla Vacía que cree que sí hay implicaciones que deben ser alertadas. Pues los protocolos de identificación que se podrían aplicar en todos los espacios, pone en riesgo derechos como la intimidad o la libre asociación y puede afectar el derecho a la libre asociación y la manifestación pacífica.

La fundación Karisma presentó varios casos internacionales sobre estas implicaciones. Mencionó el caso de que en la provincia de Xinjiang en China, las bases de datos biométricas (rostros, ADN, iris, voz y huellas) creadas para otorgar identidad legal se utilizan para vigilar y ejercer violencia contra una minoría musulmana. Y la de algunos países miembros de la Unión Europea que entregaron el acceso al sistema Eurodac, creado para inscribir a las personas que buscan refugio, a las fuerzas de seguridad para “combatir terrorismo”. Y que de esta forma, esta población quedó expuesta a la estigmatización y es vigilada de una forma que no sucede con nacionales ni con otros extranjeros.


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