Estas son las reformas estructurales que propone Fedesarrollo para impuestos, trabajo, pensiones y subsidios

En medio de los preparativos que está haciendo el Gobierno nacional para presentar una reforma fiscal, y del proceso de reactivación económica tras los picos de contagio de la pandemia por el covid-19 en Colombia, el Centro de Investigación Económica y Social, Fedesarrollo, decidió presentar un documento con propuestas de corte tributario, pensional, laboral y social para aportar al crecimiento del país.

En palabras de Luis Fernando Mejía, director de dicho centro de estudios económicos, “esta ha sido la peor crisis económica en el país en más de 100 años de historia, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 6,8 % y estimamos que la pobreza aumentó un 6,2 %. Necesitamos reformas estructurales para una nueva Colombia poscovid para para asegurar los hogares contra riesgos de pobreza, enfermedad, desempleo y protección de la vejez”.

Por eso, el paquete presenta una reforma integral en la que se contemplan acciones como el incremento del recaudo tributario, la reducción de costos laborales para generar más empleo formal; la creación de una renta mínima para los hogares más necesitados y hasta un nuevo esquema pensional. Todo con el objetivo de generar un crecimiento económico del orden del 4 por ciento así como un estimado de 800.000 nuevos puestos de trabajo, de cara al 2022.

De acuerdo con Mejía, “estimamos que esta propuesta pueda reducir de manera sustancial la desigualdad de ingresos, la pobreza caería 9,3 puntos porcentuales y la extrema se reduciría 4,6 puntos porcentuales. Igualmente, el recaudo neto podría aumentarse hasta 2,0 % y 2,5 % del PIB para reducir la deuda pública”.

Para lograr lo anterior, se contemplan acciones a nivel laboral como una reducción en los aportes a salud y a cajas de compensación, con lo que se reducirían los costos de contratación. La idea es, entonces, generar un esquema progresivo donde estos queden a cargo del trabajador en tasas de 0 por ciento para quienes ganan un salario mínimo y que crecen dependiendo de los ingresos hasta el 9 y el 5 por ciento, respectivamente, para quienes reciben desde 25 salarios mínimos en adelante.

Paralelamente, de los aportes a cajas de compensación se donaría un 1 por ciento para un seguro de desempleo no contributivo, que pagará $412.000 hasta por seis meses a quienes devenguen entre 1 y 1,5 salarios mínimos. Por otra parte, quienes ganen hasta 2 de esos salarios podrían acceder a un auxilio de solidaridad del 4 por ciento del SMLV.

A cambio, las empresas colombianas verán una disminución de costos laborales de hasta el 14 por ciento, pero tendrán que generar más empleo formal. Se espera que con esto se genere un alza de entre el 8 y el 13 por ciento en los ingresos para los trabajadores que ganan el mínimo.

En cuanto a la protección del adulto mayor, Fedesarrollo busca que el Gobierno nacional implemente la universalización del programa Colombia Mayor para cubrir a todos los nacionales con 65 años o más que no tengan una pensión subsidiada por el Estado, pasando de montos mensuales de $80.000 a $412.000, de forma que se elimine la pobreza en esta población, así como la baja cobertura que hay en mujeres.

Adicional a esta línea, se crearían otras dos. Una primera, flexible, en la que empresas y trabajadores podrán decidir, en negociaciones colectivas, si crean un programa de ahorro adicional a través de mecanismos financieros, con lo que se le daría competitividad a las Aseguradoras de Fondos Pensionales que manejan el sistema actualmente, entre otros actores. Esto, siempre y cuando las empresas aporten, como mínimo, lo mismo que los trabajadores.

La segunda sería similar a lo que se conoce hoy como aportes voluntarios, con incentivos tributarios a los ahorradores que decidan optar por esa opción, como la ausencia de gravamen.

De darse estos cambios, agregó el centro de pensamiento, quedarían excluidos del nuevo sistema aquellas personas que ya están pensionadas o se encuentran dentro de un rango de 10 años para llegar a dicha jubilación dentro del régimen de Colpensiones.

Adicionalmente, la organización busca que se implemente el actual Sisben 4.0 como único mecanismo para entrega de los subsidios del Estado, para evitar que los mismos se embolaten en personas que no los necesitan. Dicha base de datos serviría entonces para repartir la renta mínima fija mensual para hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, que sería de $65.000 mensuales por cada adulto menor de 65 años y de $35.000 por cada menor de 18 años, con un máximo de tres niños, siempre y cuando vayan al colegio.

Según Mejía, “estimamos que esta medida aumentará el monto promedio entregado a los hogares pobres a $138.000 pesos mensuales (actualmente es de $44.000 mensuales)”, agregando que de darse todo lo planeado, se podría eliminar la estratificación socioeconómica como medida de entrega de subsidios en un par de años.

Lo primero en verse impactado con las reformas de Fedesarrollo sería el bolsillo diario de los colombianos, que tendría que responder por nuevas adiciones al IVA: de acuerdo con el centro de estudios, cerca de la mitad de los bienes y servicios que consumen los hogares están exentos o excluidos de ese impuesto, por lo que se propone darles un incremento gradual para que a 2022 tengan un gravamen del 2 por ciento, que subiría a 5 por ciento en 2023 y finalmente al 8 por ciento en 2024.

De esta forma, el PIB dejaría de ver pérdidas que hoy se calculan por el orden del 5,2 por ciento. A pesar de ello, no se eliminaría la devolución del IVA para el 40 por ciento de la población, es decir, los sectores más vulnerables de la sociedad, que recibirían un ingreso mensual de $63.000.

Adicionalmente, y con el objetivo de financiar todos los programas sociales mencionados durante el artículo, se propone eliminar las exenciones sectoriales, con lo que también se generaría equidad en el trato a todas las actividades productivas que se desarrollan en Colombia. Dentro de esta medida, habría que entrar a revisar la existencia de las zonas francas tal y como se les conoce hoy día; así como los descuentos del ICA y posponer hasta el 2026 la reducción de renta corporativa, que iba a bajar del 31 al 30 por ciento en 2022.

Finalmente, se ampliaría el rango de personas habilitadas para declarar renta de 900.000 a 1,5 millones de colombianos, que equivalen al 7,5 por ciento de los trabajadores del país, sustituyendo las siete tarifas actuales por solo tres del 0, 20 y 39 por ciento; aumentar la tarifa de impuesto a los dividendos del 10 a 15 por ciento y ampliar el impuesto al patrimonio para los individuos en 2022 por una sola vez, con pagadero en 2023 y 2024.

Con todo, Fedesarrollo espera que los hogares que son considerados dentro del grupo de pobreza extrema, vean un incremento de hasta 90,7 por ciento en sus recursos; que sería de hasta el 40,5 por ciento para aquellos en condición de pobreza y del 18,8 por ciento para los llamados vulnerables. La clase media, por su parte, experimentaría un crecimiento en ingresos del 8,1 por ciento, mientras que la clase alta vería una caída del 3,5 por ciento.

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