Ante incumplimiento, líderes indígenas del Putumayo llaman la atención de la Procuraduría para que cumpla su palabra con las comunidades

En Villagarzón, 11 gobernadores indígenas y representantes de las comunidades afrocolombianas del departamento del Putumayo están a la expectativa por el arribo de una delegación de la Defensoría del Pueblo y un enviado de la Personería municipal en representación de la Procuraduría Nacional, luego de que el Ministerio Público informara, a última hora, que no asistiría al encuentro con dichos líderes.

La molestia de los líderes de ambas comunidades nace del incumplimiento del ministerio público y, como consecuencia de esto, el desconocimiento en el que estaría incurriendo la entidad sobre un fallo de tutela que favorecería a indígenas y afros en un litigio que cuenta con cinco años de antigüedad.

La visita es una parte del componente de verificación que tanto la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior como la Defensoría y la Procuraduría delegada de asuntos étnicos llevarán a cabo para determinar el asentamiento de dichas comunidades en un territorio que podría ser utilizado para explotación petrolera.

Agendada para el pasado 1 de marzo, la visita se extendería hasta el 6 del corriente, con una agenda que abarcaría la visita a chagras y resguardos indígenas, reservas botánicas, cementerios así como sitios de interés étnico para las comunidades interesadas.

Motivo por el cual el estricto cumplimiento de la agenda mencionada es vital para los intereses de la comunidad de Villagarzón, dado que pretenden demostrar ante la Procuraduría que los sitios de interés étnico sufrirían un daño irreparable si se impusieran los criterios técnicos del proyecto de exploración.

No obstante, tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo, incumplieron con el compromiso, pactado con meses de anterioridad, y rompieron con una logística que incluyó los protocolos de bioseguridad, el diseño de los recorridos y, sobre todo, el arribo de los 11 gobernadores de los resguardos indígenas y los representantes de las comunidades afrocolombianas, quienes atravesaron sus territorios en momentos de acciones violentas por parte de actores irregulares que buscan sembrar terror en Putumayo.

Para subsanar su incumplimiento, la Defensoría enviará dos representantes, uno de ellos del orden nacional, que es esperado para el 3 de marzo; de otra parte, la Procuraduría informó que no acompañaría la visita de verificación y delegó su responsabilidad en la Personería Municipal de Villagarzón.

Para Carlos López Descanse, presidente de la Asociación de Cabildos ACIMVIP, la ausencia de la Procuraduría es frustrante porque incumplieron con los compromisos pactados, además del desconocimiento del fallo que favorecería a las comunidades en dicho litigio.

En el mismo sentido se pronunció la abogada y subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad, Vanessa Torres, que no se explica cómo el Ministerio Público no brinde una razón de peso para no acompañar la visita de verificación, ordenada por un juez de la república.

Torres subrayó para El Espectador que la ausencia de la Procuraduría es grave dado que no tiene en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que ha sufrido pueblo Inga por cuenta de la violencia ejercida contra ellos por los actores armados así como el desplazamiento sufrido por sus miembros durante años.

El líder Carlos López Descanse hizo un llamado al Ministerio Público para que cumpla con su palabra y haga presencia en el territorio: “Nosotros, como autoridades del pueblo Inga de Villagarzón, hacemos un llamado respetuoso a la Procuraduría Nacional delegada para grupos étnicos, para que pueda dar cumplimiento a sus funciones y sea garante de los derechos fundamentales de los grupos étnicos en el departamento del Putumayo”.

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