Pares denuncia que miembros del Centro Democrático estarían saqueando la Universidad del Pacífico

Según una reciente investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, el representante a la Cámara del Centro Democrático Milton Hugo Angulo Viveros cuenta con un manejo amplio de cuotas y contratistas en la universidad.

Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Milton Hugo Angulo Viveros
Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Milton Hugo Angulo Viveros

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó una investigación sobre la situación de la Universidad del Pacífico, ubicada en la ciudad portuaria de Buenaventura, la misma que en las últimas semanas ha tenido que sortear la violencia de grupos armados ilegales y el desplazamiento de sus habitantes, y que al parecer, tampoco se escapa de la corrupción.

Según Pares, el congresista del Centro Democrático Milton Angulo Viveros, elegido para el periodo 2018-2022, “tomó el control de la Universidad del Pacífico, a través de su amigo personal y socio político Dagoberto Riascos, y está manejando aproximadamente el 60% de la nómina de la entidad para ubicar a sus cuotas burocráticas. Riascos está próximo a cumplir dos años en la rectoría encargada de esa institución universitaria”.

La investigación comenta que este representante a la Cámara, elegido por el departamento del Valle del Cauca y exconcejal de Buenaventura, tiene una fuerte relación política con la actual directora de Prosperidad Social, Susana Correa.

“Más que un esbirro del uribismo, la lealtad de Angulo está en las huestes de Susana Correa, exsenadora del CD y actual directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Correa es su madrina política y quien ostentaba la dirección departamental del partido al momento de armar las listas a la Cámara del Valle del Cauca para los comicios de 2018, razón por la cual Angulo Viveros encabezó la lista del partido con el número 101″, dicen desde Pares.

Ambos le hicieron campaña al presidente Iván Duque, y ahora desde posiciones estratégicas para la región del Valle, estarían cruzando cuotas burocráticas y apoderándose del erario por medio de entidades a su cargo. “Las relaciones de intercambio de cuotas directas entre Correa y Angulo vienen de antes. En abril de 2019 fue nombrado director de Reparación de la Unidad de Víctimas Enrique Ardila Franco, abogado de profesión, quien estuvo en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Correa por su paso en el Senado (2014-2018) y en 2018 hizo el enroque para pasar a la UTL del representante Angulo”, se lee en la investigación.

Fundación Pares
Fundación Pares

El representante, al parecer, ha aprovechado estos intercambios de cargos y relacionamientos para apoderarse de Buenaventura como su fortín político, familiar y económico. El 19 de febrero de 2019, tras una crisis que enfrentó la Universidad del Pacífico, el mismo Consejo Superior decidió posesionar a Dagoberto Riascos Micolta como rector encargado.

“A partir del primer momento de su nombramiento, Riascos empezó un contubernio con Angulo y su familia para apoderarse de la institución”, reveló Pares. El primer movimiento de cuotas llegó a días de estrenarse como rector, cuando nombró a Édgar Angulo Viveros, hermano del congresista, como director de proyección social, en el nivel directivo, con una asignación mensual de 6 millones 137 mil pesos.

“Este carrusel tiene tantas coincidencias que, de acuerdo con los nombramientos realizados por el rector encargado, como si se tratara de un reloj, sincronizó otro nombramiento el 1 de abril de 2019 mediante resolución 249, al gerente de campaña de Milton Angulo en 2018. Es decir, al señor Jorge Iván Rengifo Abadía, a quien autorizó bajo la misma figura de docente ocasional para vincularse a la UniPacífico, con una asignación salarial de 2 millones 554 mil pesos”, señala la investigación.

Además también hay irregularidades con el manejo de los dineros de la universidad. Un informe emitido por la Contraloría General de la Nación evidencia una cantidad considerable de hallazgos de tipo fiscales y penales como el uso injustificado de casi 200 millones de pesos en tarjetas de crédito a nombre del plantel educativo. La Contraloría reveló que presuntamente se robaron 177 millones 235 mil pesos, “situación que genera detrimento al patrimonio del Estado y reducción de los recursos destinados a atender las necesidades prioritarias de la Universidad”.

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