El Senado colombiano aprobó este miércoles el ascenso a general de cuatro soles del comandante del Ejército, mayor general Nicacio Martínez Espinel, de quien hay sospechas de que puede estar relacionado con ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidas como "falsos positivos".
El ascenso de Martínez y de los también generales del Ejército Luis Fernando Navarro (comandante de las Fuerzas Militares) y Ricardo Jiménez Mejía fue aprobado por 64 votos a favor y uno en contra en una votación de la que se retiraron los senadores de los partidos de oposición FARC y Alianza Verde.
En la sesión fue aprobado además el ascenso a generales de siete miembros de la Policía, dos almirantes de la Armada Nacional, entre ellos su comandante, Evelio Ramírez Gáfaro, y del comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), Ramsés Rueda.
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"Con gran complacencia recibimos el apoyo y respaldo del Congreso de la República a nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Estos ascensos son un reconocimiento y muestra de confianza para quienes a diario se la juegan por la tranquilidad y seguridad de todos los colombianos", manifestó el presidente colombiano, Iván Duque, tras la votación.
El general Martínez está en el centro de la polémica desde el pasado 18 de mayo cuando el diario estadounidense The New York Times (NYT) reveló la existencia de una directriz del Ejército que ordena a la tropa incrementar sus resultados operacionales, lo que pone en riesgo la vida de civiles.
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En el artículo del NYT el periodista Nicholas Casey señaló tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales que el Ejército está ejecutando "otra encarnación" de los "falsos positivos", crímenes cometidos por militares contra jóvenes pobres a los que engañaban con falsas promesas de empleo.
Una vez llevados a distintos lugares del país, los muchachos eran asesinados y presentados por los militares como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.
El diario El País de España también publicó una investigación en la que revela que Martínez dirigió una brigada, entre octubre de 2004 y enero de 2006, acusada de asesinar civiles y presentarlos como muertos en combate.
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La revelación sobre el riesgo de un regreso de los "falsos positivos", que llevó al Ejército a "cambiar" días después la polémica directriz, puso en duda el ascenso de Martínez, posibilidad que fue cuestionada en las últimas semanas por defensores de derechos humanos y líderes de la oposición colombiana.
Con gran complacencia recibimos el apoyo y respaldo del Congreso de la República a nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Estos ascensos son un reconocimiento y muestra de confianza para quienes a diario se la juegan por la tranquilidad y seguridad de todos los colombianos.
— Iván Duque (@IvanDuque) June 6, 2019
La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
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Por su parte, la ONU calcula que son unos 4.200 los casos de "falsos positivos" investigados en el país.
Informes posteriores de prensa, entre ellos uno del diario El País, han revelado que, según la Fiscalía, Martínez estuvo entre octubre de 2004 y enero de 2006 al mando de la Décima Brigada Blindada, señalada de cometer al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en el norte del país.
Durante la sesión, varios senadores plantearon impedimentos para votar los ascensos alegando que tenían lazos familiares con los militares e incluso que habían hecho parte de las Fuerzas Armadas.
Agradezco a plenaria @SenadoGovCo por respetar la instucionalidad y aprobar los ascensos de 13 señores generales de la #FuerzaPública. Hombres comprometidos con Colombia y los ciudadanos, respetuosos de los Derechos Humanos y la Ley.#SomosFuerzaPública #ApoyoANuestrasFuerzas
— Guillermo Botero (@GuillermoBotero) June 6, 2019
Sin embargo, el único impedimento aceptado fue el del senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, quien argumentó que el general Martínez lo denunció penalmente en 2014.
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Tras la votación, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, indicó que "Martínez no tiene ninguna investigación abierta por violaciones a los derechos humanos".
A juicio Botero, Martínez "tiene una hoja de vida impecable", por lo que consideró la decisión de la plenaria del Senado "adecuada".
Con información de EFE
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