Caso Rocha Moya: Manipulación de cifras encubrió el aumento de la violencia en Sinaloa, alerta Causa Común Violencia

Sinaloa vivió en 2025 su año más violento del siglo XXI. Sin embargo, las cifras que el gobierno del entonces gobernador Rubén Rocha Moya presentó a la opinión pública no reflejaban la magnitud real del desastre. Eso es lo que denuncia un análisis del investigador Adrián López Ortiz, publicado en colaboración con la organización civil Causa en Común, que documenta con detalle cómo operó un sistemático proceso de reclasificación y subregistro de homicidios en el estado.

López Ortiz es periodista y director general de Grupo Noroeste, el medio de comunicación más influyente de Sinaloa. Ganador del Premio Nacional de Periodismo 2025 en la categoría de Opinión por su cobertura de la crisis de seguridad en Culiacán, es una de las voces más autorizadas para analizar la violencia en la entidad desde una perspectiva basada en datos.

Diciembre de 2025: el mes más violento, enterrado en categorías ambiguas

El caso más documentado ocurrió en diciembre de 2025. La Fiscalía de Sinaloa reportó oficialmente 128 asesinatos —122 homicidios y seis feminicidios—, pero el recuento periodístico basado en los propios informes diarios de la institución arrojó un total de 166 privaciones de la vida, además de otros 10 hallazgos de cuerpos y restos en fosas clandestinas.

La diferencia no es menor: la omisión de cadáveres localizados en fosas clandestinas, personas heridas en enfrentamientos que murieron posteriormente en hospitales, y la reclasificación de muertes dolosas bajo categorías ambiguas, permitió reducir en 23% el número de homicidios reportados. Con los datos reales, ese mes se convirtió en el diciembre más violento del siglo en Sinaloa.

Las categorías utilizadas para diluir el registro son reveladoras: “causa de muerte por determinar”, “homicidio por otros”, “homicidio por enfrentamiento” o “agresión a la autoridad” funcionaron como válvulas de escape estadísticas. Incluso los asesinatos de policías quedaron fuera del conteo principal, pese a que 2025 fue el año más letal para las fuerzas de seguridad en Sinaloa, con al menos 48 agentes asesinados.

Las cifras reales de una gestión fallida

El análisis de Causa Común se inserta en un contexto más amplio que ahora cobra mayor relevancia política. Durante la gestión de Rocha Moya, quien asumió la gubernatura el 1 de noviembre de 2021 y solicitó licencia el pasado primero de mayo de 2026, el estado acumuló 4 mil 580 víctimas de homicidio doloso, feminicidio, secuestro y extorsión, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2022, primer año completo de su administración, hubo 478 víctimas de homicidio doloso. En 2025, esa cifra llegó a mil 656, un aumento de mil 178 casos. Pero López Ortiz advierte que incluso esos números oficiales están por debajo de la realidad.

Al sumar homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones y víctimas clasificadas en “otros delitos contra la vida y la integridad”, el saldo real de víctimas es significativamente mayor al reconocido públicamente por las autoridades, lo que sitúa a Sinaloa en la peor crisis de inseguridad de su historia.

641 “atrocidades” que las estadísticas no capturan

Más allá de los números fríos, el informe “Galería del Horror” de Causa en Común revela la dimensión cualitativa de la violencia. Sinaloa fue la entidad con más hechos de extrema violencia en 2025, con 641 actos registrados en la prensa local: 184 asesinatos con tortura, 40 masacres, 55 fosas clandestinas, 25 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 28 hallazgos de cuerpos mutilados y 16 de cadáveres calcinados.

Para López Ortiz, las anomalías en los registros no pueden interpretarse como errores aislados, sino como parte de un sistema de medición que tiende a fragmentar la violencia para hacerla estadísticamente manejable. La conclusión es contundente: entender lo que ocurrió en Sinaloa exige abandonar la mirada exclusiva sobre el homicidio doloso y adoptar un enfoque de violencia letal ampliada que permita identificar no solo cuántas personas murieron, sino cómo las instituciones registraron —o dejaron de registrar— esas muertes.