Congresistas de EEUU piden al gobierno colombiano no ascender a altos militares investigados por violaciones de derechos humanos

Un grupo de senadores de Estados Unidos envió una carta al presidente Iván Duque para manifestar su desacuerdo con el nombramiento de varios militares de alto rango del Ejército de Colombia que han sido relacionados con crímenes de lesa humanidad, específicamente de los llamados 'falsos positivos'.

La organización Human Rights Watch (HWR) alertó sobre esta situación luego de que el mandatario colombiano hiciera el nombramiento de su nueva cúpula militar en diciembre pasado. En su informe afirman que existen evidencias creíbles que vinculan estos funcionarios con violaciones de derechos humanos.

Los 'falsos positivos' son en realidad ejecuciones extrajudiciales. Miembros de la Fuerza Pública engañaban a campesinos, afrodescendientes, indígenas y hasta menores de edad con falsos trabajos para luego matarlos, vestirlos de camuflado y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. De esa forma obtenían beneficios económicos, bonificaciones, vacaciones.

"Mientras consideramos el presupuesto del presidente Trump para el año 2020, que incluye un recorte de USD 74 millones frente a los niveles actuales de ayuda para Colombia, queremos hacerle saber que estamos preocupados por un reciente informe de Human Rights Watch", describe la carta conocida por el diario El Tiempo.

La misiva enviada a Duque fue firmada por Patrick Leahy, demócrata de más alto Rango en la Comisión de Apropiaciones (encargada de asignar y autorizar los recursos enviados a Colombia y las condiciones de los mismos, ligadas a la protección de derechos humanos); Benjamin Cardin, demócrata de alto rango en el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la cámara alta; y Chris Van Hollen, miembro del mismo subcomité.

Los senadores mencionaron específicamente el caso del actual Comandante del Ejército, Mayor General Nicasio de Jesús Martínez Espinel, cuya antigua brigada está vinculada a 23 ejecuciones extrajudiciales entre octubre de 2004 y enero de 2006, y cuyo ascenso a general está siendo estudiado por el Congreso.

HRW expone como prueba un documento firmado por Martínez Espinel que certifica un pago por 400 dólares a un uniformado que permitió lograr "excelentes resultados" en dos operaciones militares. En una de ellas sus soldados a cargo reportaron la baja de dos NN se sexo femenino y masculino, pertenecientes al frente 59 de las FARC.

"Sin embargo, los tribunales han concluido que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años", describió la ONG.

"Reconocemos que, como en Estados Unidos, se presume la inocencia de un individuo hasta que el crimen del que se le acusa sea comprobado. Pero eso no quiere decir que deban ser promovidos a los más altos cargos del Ejército. Por el contrario, cualquier persona que haya sido vinculado a crímenes tan terribles, como los que documenta HRW, debería ser suspendidos de cargos con responsabilidad de mando y ser inelegibles para un ascenso hasta que el caso sea investigado plenamente y resuelto", exponen los senadores norteamericanos, según cita El Tiempo.

Además, se presentaron sorprendidos porque estos altos oficiales hayan evadido la justicia luego de haber impartido las órdenes que terminaron en ejecuciones extrajudiciales. Y pidieron seguridad para el sargento Carlos Alberto Mora, un testigo clave en las investigaciones y condenas de varios militares por estos hechos, muchos de los cuales ya han salido de prisión.

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