
Hace poco más de un mes, a un hospital del oriente de la capital colombiana llegó una indígena Embera proveniente del Chocó, con una bebé de dos días de nacida que llamó la atención de los médicos por el intenso color amarillo de su piel. Al revisarla descubrieron que acababa de ser mutilada en sus genitales. A causa de una fuerte infección, la pequeña presentaba una hemorragia severa.
Y pese al raspado genital y a la cirugía a la que fue sometida, falleció el pasado 2 de enero.
"Su propia madre había cortado su clítoris. Lo peor, es que no es el único caso de muerte registrada por esta causa", comenta Dayana Domicó, indígena Embera y representante de la Organización Nacional Indígena –ONIC –. Su pueblo es el único de Latinoamérica en el que se evidencia esta práctica. Eso, pone a Colombia en la deshonrosa lista de los 30 países del mundo que aún luchan contra la mutilación genital femenina (MGF).
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Los Embera son el segundo pueblo indígena más grande de Colombia (también presentes en Ecuador y Panamá). Sus 250.000 pobladores están repartidos en 18 departamentos del país, pero solo en tres realizan la ablación: Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Pero eso no se sabía hasta 2017, cuando la muerte de dos niñas en Pereira (capital de Risaralda) prendió las alarmas nacionales e internacionales. Se presume, por supuesto, que la práctica está extendida desde hace siglos.
"Hay una concepción que es importante aclarar: la mutilación genital femenina no es una práctica cultural de los Embera. Es una creencia adaptada de las costumbres de los esclavos africanos provenientes de Malí que llegaron al país durante la colonización, y reforzada por la iglesia cristiana en esa y posteriores épocas", explica Domicó. La realizan para disminuir el placer sexual de las mujeres -que todavía es un tabú en algunas comunidades-, porque supuestamente garantiza fidelidad con el hombre y el acto básico de la procreación.
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Además, la curación, como le llaman los indígenas, evita que a las niñas les crezca un pene, según sus creencias. Por eso, la MGF consiste en quitar de forma parcial o total el tejido del órgano reproductivo de la mujer, bien sea el clítoris y/o los labios inferiores, por motivos no médicos; así lo destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Colombia se lo realizan a las recién nacidas, aunque incluso se han presentado casos de niñas hasta de 8 años.
El Fondo de Población de Naciones Unidas –UNFPA- estima que diariamente una niña es sometida a la ablación en zonas alejadas, donde habitan las comunidades Embera. Aunque no hay precisión sobre el número de mujeres afectadas en Colombia, ni el número de muertes que ha ocasionado.
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Lo que se sabe, es que la práctica suele suceder en zonas remotas, alejadas de las instituciones y donde las condiciones sanitarias no son aptas para este tipo de procedimientos.
La MGF causa un gran dolor, hemorragia, inflamación de los tejidos de los genitales, fiebre y problemas urinarios inmediatamente se realiza. Pero después, algunas de las consecuencias de salud quedan de por vida: menstruación dolorosa, infecciones urinarias recurrentes, queloides, coito doloroso, parto difícil y trastornos psicológicos.

¿Y los derechos de la mujer?
La ablación a nivel mundial constituye una violación a los derechos de la salud y vida de las niñas y mujeres. Por eso, recientemente la legislación colombiana contempla esta práctica en la Ley de Feminicidio de 2015. En el artículo 3°, una de las circunstancias de agravación punitiva del feminicidio es "cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico".
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"Es un reflejo de una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer", expresa Jorge Parra, representante en Colombia del UNFPA. Por eso, la entidad de las Naciones Unidas ha unido esfuerzos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud y Protección Social y organizaciones indígenas para la sensibilización y reflexión acerca de las consecuencias y el daño produce.
La erradicación definitiva de la ablación en Colombia es un paso gigante para lograr la igualdad de género y autonomía de las mujeres, que también implica poner fin a todas las formas de discriminación y violencias. Ese es el compromiso que ha destinado la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
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"No basta con hacer unas charlas, se trata de mantener una sensibilización diaria. Cuando hablo con mujeres Embera les explico que yo hago parte de la comunidad indígena, y por eso sé que la 'curación' no hace parte de la ley natural y de origen del pueblo Embera", manifiesta Domicó.
En 2007, el UNFPA y el UNICEF pusieron en marcha un programa conjunto para cumplir el compromiso que fijó la ONU en 2015, de erradicar la ablación en 2030 en todo el mundo. Y en 2017, la Organización regional indígena del Valle del Cauca crearon un mandato firmado el 5 de septiembre con la Gobernación departamental para el mismo fin.
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Cifras del mundo
Cerca de 200 millones de mujeres y niñas sufren en la actualidad las consecuencias de la MGF. Naciones Unidas estima que cada año se suman a la cifra tres millones de niñas en riesgo.
Aunque a nivel global, su prevalencia se ha reducido casi en una cuarta parte desde el año 2000 aproximadamente.
La se concentra, sobre todo, en 30 países de África, Oriente Medio y Asia. En el continente africano la MGF afecta a nueve de cada diez niñas (89 %) en Malí, pese a que en 2016 se aprobó su abolición en los 50 estados que la integran. Pero occidente tampoco es ajeno, más teniendo en cuenta la ola de inmigrantes que continuamente llega. En Europa, alrededor de 180.000 mujeres emigrantes son sometidas anualmente a la práctica o corren el riesgo de serlo.
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