Tropas del Ejército Nacional adelantaron un operativo en el que lograron inhabilitar 176 equipos utilizados en minería ilegal en el departamento de Amazonas durante tres días de acciones de la Operación Amazonas Libre III–Ticuna.
El despliegue buscó afectar la infraestructura empleada para extraer minerales y las rentas de las organizaciones vinculadas a esa actividad, según la información divulgada por las autoridades.
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Durante los procedimientos, los uniformados localizaron dragas, motores, motobombas y equipos de soldadura instalados para la explotación ilícita de yacimientos mineros. El inventario oficial incluye 26 dragones brasileños, 34 motores industriales, 58 motores a gasolina, 52 motobombas y 26 equipos de soldadura.
Las autoridades también incautaron 700 gramos de mercurio, dos escopetas y dos teléfonos celulares. El mercurio se utiliza en procesos de separación de metales y su empleo en operaciones ilegales representa un riesgo para las fuentes hídricas y los ecosistemas de la Amazonía.

Según estimaciones de las autoridades, los cobros extorsivos sobre esa producción generan una afectación mensual de $6.851 millones para las disidencias del Bloque Amazonas Yonier Arenas. También fue priorizada la incautación de material probatorio con el fin de fortalecer las investigaciones y avanzar contra los responsables.
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El detalle de los elementos enumerados en el informe suma 196 unidades, pese a que el resultado general divulgado por la Fuerza Pública y el Gobierno fue de 176 equipos inhabilitados.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se refirió al resultado del operativo mediante una publicación en X. El mandatario afirmó que la intervención impactó las economías ilícitas que financian actividades criminales y deterioran los recursos naturales de la región.

“En la Patria Milagro no vamos a permitir que los criminales sigan destruyendo nuestra Amazonía y contaminando nuestros ríos”, escribió De la Espriella.
También aseguró que la operación continuará y que el Gobierno no dará tregua a las redes que extraen recursos de forma ilegal. “La operación continúa. No vamos a darles tregua a las economías ilegales que saquean nuestras riquezas naturales”, mencionó el mandatario.
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Ocho dragas destruidas en un operativo en Chocó
En un operativo independiente, la Armada Nacional inutilizó ocho unidades de producción minera en una zona rural de Quibdó, Chocó. La acción contó con la participación del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 16, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.
Las tropas destruyeron ocho dragas artesanales y seis motores que eran usados para remover material de los ríos y extraer oro sin autorización en la subregión del Atrato. La maquinaria intervenida estaba avaluada en más de $100 millones, de acuerdo con la institución.

La Armada calculó que las unidades podían producir cerca de 12.000 gramos de oro al mes, una capacidad que representaría ingresos superiores a $4.800 millones mensuales para quienes operaban la infraestructura. Las autoridades no informaron capturas ni identificaron públicamente a los responsables de las dragas.
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El procedimiento en Quibdó se sumó a otra operación realizada en Playa de Oro, en el municipio de Tadó. Allí, el Ejército halló una excavadora, una clasificadora, 300 galones de ACPM y mangueras, bienes valorados en $470 millones. Según información de inteligencia citada por la institución, esa unidad minera estaría vinculada con el Frente Cacique Calarcá del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y tendría una producción aproximada de 3.000 gramos de oro al mes.
Las dragas artesanales suelen operar en ríos y quebradas, donde extraen material del lecho para separar el oro. Esa actividad remueve sedimentos, deteriora los suelos, altera hábitats naturales y afecta la calidad del agua de la que dependen las comunidades.
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La Armada Nacional señaló que la minería ilegal contamina las fuentes hídricas y perjudica la biodiversidad del departamento. Chocó concentra una parte relevante de la biodiversidad de Colombia y cuenta con extensas cuencas fluviales.
Las operaciones contra la explotación ilícita de minerales combinan objetivos de seguridad, protección ambiental y control de los recursos generados por el comercio ilegal de oro. La Armada afirmó que mantendrá las acciones coordinadas con otras entidades estatales para intervenir la infraestructura utilizada en esta actividad y limitar su expansión en el departamento.
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