El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, declaró este jueves emergencia ambiental y sanitaria en la capital colombiana por una protesta de recolectores de basura que ha impedido el levantamiento de toneladas de residuos.
"Se hace necesario decretar la emergencia ambiental y sanitaria porque (…) tenemos la obligación de proteger la vida y la salud de los ciudadanos y por supuesto que todas las toneladas de basura que no se han recogido ponen en riesgo la salud de la población", dijo el mandatario en rueda de prensa.
La medida fue tomada luego de que un grupo de trabajadores de la empresa distrital Aguas de Bogotá, que recoge basuras en 12 de las 20 localidades de la ciudad, "afectaron la prestación del servicio" al cesar sus actividades y atacar camiones recolectores, agregó.
Los empleados protestan desde el miércoles por el cambio de esquema en el modelo de aseo que implementa el alcalde y que según ellos dejaría a 3.700 trabajadores sin trabajo.
Según Peñalosa, en las localidades donde opera Aguas de Bogotá se recolectan 2.700 de las 6.300 toneladas de basura que se recogen a diario en esta ciudad de unos ocho millones de habitantes.
En los lugares donde opera la compañía viven más de 1,5 millones de suscriptores, afirmó.
"Vamos a utilizar todos los medios necesarios para poner orden. De ninguna manera vamos a permitir que este grupo minoritario violento vaya a cometer sabotajes e impida que llevemos a cabo la limpieza de la ciudad", indicó.
Al declarar la emergencia sanitaria y ambiental, el alcalde tiene la facultad para "hacer las contrataciones necesarias previas a la entrada en funcionamiento de las nuevas empresas operadoras", que iniciarán labores en 12 días, explicó la alcaldía en un comunicado.
Para enfrentar las protestas, el gobierno de la ciudad ha hecho contrataciones de personal y vehículos, y además cuenta con camiones del Ejército para prestar el servicio.
Aguas de Bogotá fue creada durante la alcaldía del ex guerrillero izquierdista Gustavo Petro (2012-15) tras cambiar el modelo de recolección de residuos en diciembre de 2012 para, entre otras, incluir a los recicladores.
Petro, actualmente candidato presidencial, decidió trasladar esa competencia, que se encontraba en manos de operadores privados, a la pública Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, una decisión severamente criticada por la oposición y medios de comunicación ante la acumulación de basuras que se dio en la ciudad a finales de 2012.
Por esa decisión, la Procuraduría, que en Colombia vigila a los funcionarios públicos, ordenó su destitución en diciembre de 2013, aunque cuatro meses después volvió al cargo tras un fallo de un alto tribunal.
Con información de AFP
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