Bajo la lupa por tierras baldías: el expediente que comprometería al senador Alirio Barrera

Alirio Barrera, senador por el partido Centro Democrático, enfrenta un expediente administrativo tras la identificación de más de 412 hectáreas de bienes de origen baldío bajo su control en los municipios de Nunchía y Aguazul, en Casanare.

Según un reporte de Casa Macondo citado por El Tiempo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) indaga si el parlamentario, que fue gobernador del departamento, consolidó su patrimonio inmobiliario mediante mecanismos como englobe, subdivisión y permutas, configurando un esquema de acumulación que involucra terrenos legalmente destinados a campesinos sin tierra.

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El origen y el alcance de la investigación

La ANT confirmó la existencia de una investigación formal a cargo de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, centrada en la acumulación de predios que, si bien ya no ostentan la vocación de baldío, sí tienen ese origen.

De acuerdo con la entidad, el caso de Barrera representa un posible exceso frente a los límites establecidos por la Ley para la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que define la máxima extensión de tierras de origen baldío que puede poseer una persona. En el caso de Aguazul, el tope está fijado en 61 hectáreas para quienes no son sujetos de reforma agraria.

Según la información obtenida por el diario citado, Barrera figura como propietario de 14 predios en Colombia, ocho de ellos con origen baldío, y la mayoría ubicados en zonas protegidas para evitar la concentración de la propiedad rural. La normativa prohíbe que un individuo adquiera terrenos adjudicados como baldíos si ello implica superar el límite permitido por la UAF.

El mecanismo de acumulación y el impacto regional

La investigación señala que parte del crecimiento patrimonial de Barrera estaría vinculado a la adquisición de predios adjudicados inicialmente por el antiguo Incora y a transacciones posteriores que facilitaron la fragmentación y comercialización en lotes.

Estas maniobras habrían permitido obtener ingresos millonarios mediante la venta de tierras a terceros, incluidos actores con peso político en la región, según lo publicado por Casa Macondo. El expediente detalla que la acumulación de hectáreas se habría producido desde comienzos de los años 2000, periodo en el que Barrera ya ejercía cargos públicos en Casanare.

La ANT sostiene que la finalidad original de los bienes baldíos es garantizar el acceso a la tierra para campesinos y evitar la concentración de la propiedad. En este caso, la diferencia identificada entre el patrimonio de Barrera y el tope legal asciende a 351 hectáreas, lo que representa 6,7 veces el límite máximo permitido en esa zona, según los datos divulgados por la entidad estatal.

La ruta administrativa y las posibles consecuencias

De acuerdo con la normativa vigente, la ANT debe realizar un estudio preliminar para individualizar a los presuntos infractores. El proceso podría avanzar hacia una etapa jurídica en la que se identifiquen los títulos que podrían ser declarados nulos y se precise la manera en la que fueron obtenidos los predios. El objetivo final es instaurar demandas ante jueces de la República para solicitar la nulidad de los contratos de compraventa que hayan contravenido la ley.

No obstante, la misma Agencia Nacional de Tierras advierte que el expediente podría archivarse si no se comprueba la infracción. Por el momento, el caso se encuentra en fase de evaluación inicial y el senador Barrera permanece bajo observación como posible acumulador de tierras baldías.

Contexto político y antecedentes del caso

El proceso adquiere relevancia por el contexto regional, ya que Casanare ha sido escenario de históricas disputas por la tierra, agravadas por el conflicto armado y episodios de despojo. Barrera, que fue concejal de Aguazul entre 2004 y 2007 y luego gobernador, ha mantenido una presencia constante en la política local.

La legislación colombiana establece que los predios baldíos deben adjudicarse a quienes no poseen otras tierras rurales, con el fin de promover la equidad y la soberanía alimentaria. En el caso de Barrera, la ANT sostiene que la mayoría de sus propiedades incumpliría esta restricción, lo que motivó la apertura del expediente.