
Con el fin de continuar con las negociaciones de paz con organizaciones urbanas de Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia), la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz solicitó a la Fiscalía General de la Nación suspender las órdenes de captura a 23 cabecillas de grupos delincuenciales. El ente acusador efectuó la medida a través de la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026.
“La decisión (…) no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía”, detalló el ente acusador en un comunicado.
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El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, se pronunció al respecto, rechazando de plano las medidas tomadas por la Fiscalía. En una publicación en su cuenta de X, aseguró que, gracias al Gobierno del presidente Gustavo Petro, “ser bandido” en Colombia paga.
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Según indicó, la administración estaría beneficiando a los criminales al dejar sin efecto de manera temporal las órdenes de captura en su contra e impidiendo que sean detenidos ante la comisión de ciertos delitos que no son considerados graves. Además, recordó que en junio de 2025, varios cabecillas de organizaciones criminales como La Oficina de Envigado y La Terraza participaron en un evento oficial del Gobierno en Medellín, para lo cual se permitió que salieran momentáneamente de la cárcel de Itagüí, en donde estaban recluidos.
“Ya nada sorprende. Mientras que nosotros en Medellín damos la batalla de frente contra los criminales, el gobierno nacional una vez más poniéndose del lado y al lado de los bandidos. No solo los saca a una tarima sino que ahora le pide a la fiscalía que les suspenda y no les saque órdenes de captura a los criminales que ha graduado de voceros de paz (sic)”, indicó el funcionario en la red social.
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A juicio del secretario de Seguridad, es todavía más problemático que se suspendan las capturas de los 23 criminales justo en época electoral, teniendo en cuenta que en mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Aseguró que los cabecillas podrán “salir” a las calles sin problema, aunque la Fiscalía aclaró que la medida no implica la liberación de los voceros; sin embargo, algunos sí están en libertad.

Para el funcionario, el Gobierno Petro estaría haciendo negociaciones a las espaldas de la ciudadanía, sin contar con un marco jurídico y sin garantizar a las víctimas el acceso a la verdad y la reparación. “Eso sí, llenos de plata y dinamizando la criminalidad”, aseveró.
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“La paz total es la entrega total a los criminales. Es impunidad total. En vez de someter a los bandidos a la legalidad, quieren es una ciudadanía sometida a los bandidos. La gente no quiere la paz entre los bandidos, la gente quiere es la paz ciudadana que se traduzca en verdadera seguridad”, señaló Villa Mejía.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también condenó la suspensión de las órdenes de captura, señalando a la administración actual de estar aliada con los “peores criminales”. Desde su perspectiva, la medida constituye un insulto para las víctimas y para Medellín.
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Advirtió que el presidente Gustavo Petro estaría buscando la liberación de los delincuentes a través de su política de Paz Total, presuntamente, con el objetivo de hacer campaña electoral en los barrios.
“Las estructuras criminales a través de sus cabecillas interferirán en las elecciones a la Presidencia. Todo esto mientras siguen dedicados al homicidio, la extorsión, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, a envenenar a nuestros niños y jóvenes con las drogas y a muchos otros delitos”, añadió.
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