
En el ojo del huracán se encuentra el senador Juan Luis Castro (PS), luego que en su condición de jefe de bancada del Socialismo Democrático (PS+PPD+PR+PL), gestionara el retiro de los permisos constitucionales de la senadora Ximena Órdenes (PPD) y de su compañero de partido, Fidel Espinoza, quienes se encuentran de gira por Asia junto al presidente José Antonio Kast y su comitiva.
La controversia, que se desató durante la noche del martes, terminó abriendo varios frentes de conflicto: una investigación de oficio al interior de la Cámara Alta, una querella criminal contra Castro presentada por Fuerza Ciudadana, fundación vinculada al Partido Republicano, y las exigencias de sanciones políticas por parte del PPD.
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El trasfondo de la maniobra tenía una explicación reglamentaria pero también un efecto político directo, pues dichas autorizaciones permitían disminuir el quórum necesario para aprobar determinadas partidas dentro de la Ley de Presupuestos 2027. Al retirarlas, el Ejecutivo debía reunir un mayor cantidad de votos para sacar adelante iniciativas como la ampliación del límite de endeudamiento del Estado hasta los USD 25 mil millones.
¿El problema? Ninguno de los dos parlamentarios estaba informado de la decisión.
Órdenes se enteró de lo sucedido al día siguiente y de inmediato remitió una carta al Senado desconociendo haber solicitado el retiro de su autorización, y negando especialmente el haber permitido que se utilizara su firma para concretar el procedimiento.
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“En ningún momento yo solicité y menos autoricé el retiro de ese permiso. Desconozco el formato y el procedimiento que se utilizó para la adopción de esa acción y espero que esto sea esclarecido a la brevedad posible”, acusó taxativa.

Desprolijidad administrativa
La reacción de Fidel Espinoza, sin embargo, tomó un rumbo diferente al de su compañera de bancada, y aunque reconoció su molestia por no haber sido consultado, aseguró que se trata de una “desprolijidad” administrativa.
“No es bueno tratar de llevar este tema a la Fiscalía, como algunos pretenden y lo están haciendo. Y aquí lo que ocurrió fue una desprolijidad que me causó también a mí molestia; lo quiero destacar, porque no fui consultado. Pero fue una decisión que tomó la bancada y que ocurre generalmente”, arguyó el parlamentario.
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El próximo martes está previsto el regreso de Ximena Órdenes a las actividades legislativas en Valparaíso y también se esperan definiciones al interior del comité del Socialismo Democrático. Entre las medidas que han comenzado a plantearse figura que Castro deje la jefatura de la bancada y abandone su puesto en la Comisión de Ética del Senado, como una señal política frente a la gravedad de lo ocurrido.

Mesa del Senado descarta confirmar una falsificación de firmas
Mientras las diferencias entre el PS y el PPD siguen escalando, la Mesa del Senado salió a fijar una posición institucional frente a las acusaciones y a través de una declaración pública, sostuvo que hasta ahora no existen antecedentes que permitan acreditar una falsificación de firmas, precisando que la recepción de los documentos no significa que se haya validado la autenticidad de las autorizaciones contenidas en ellos.
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La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, respaldó la postura de la Mesa e hizo un llamado a evitar que el episodio termine profundizando las diferencias con el PPD, recordando los históricos vínculos entre ambas fuerzas políticas.
“Se votó con quórum como correspondía, no hubo ningún tipo de alteración. Si existe una investigación en curso, como lo ha señalado la mesa del Senado, está a disposición el Senado y los senadores para colaborar con la justicia. Lo que nos interesa es que este tema sea superado de la mejor manera porque somos partidos hermanos”, aseguró.

“Máxima gravedad”
El biministro Claudio Alvarado, quien se encuentra ejerciendo como vicepresidente, calificó este jueves lo sucedido como un episodio de “máxima gravedad” y recordó que tanto Órdenes como Espinoza habían solicitado los permisos constitucionales para participar en la gira presidencial por Asia.
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Alvarado aseguró que la maniobra de Castro habría buscado alterar las condiciones de votación para perjudicar al Gobierno, y que ahora corresponde a los organismos competentes establecer si existió alguna irregularidad constitutiva de falta o delito.
“Tratar de alterar los quórums a través de documentos que no son fidedignos es de la máxima gravedad. Y si hay alguna falta, serán otras instancias las que tienen que decidir. Aquí las diferencias no pueden llevar a actuar bajo cualquier circunstancia para afectar a un gobierno“, remató.
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