
Las autoridades brasileñas lanzaron este miércoles un operativo para desarticular una red de lavado de activos y evasión fiscal vinculada a una casa de apuestas deportivas, que habría movilizado más de R$ 11.000 millones (USD 1.900 millones) durante 2025 mediante empresas de fachada, transferencias al exterior y datos fiscales de personas fallecidas y menores de edad.
La Operación Cash Out reunió a la Policía Federal, el Ministerio Público Federal y la Receita Federal para investigar a un grupo empresarial que operaba en el sector de las apuestas deportivas desde Brasil, pese a que su estructura figuraba formalmente registrada en Curazao. Los investigadores sospechan que la organización ocultó parte de sus ingresos, envió recursos al extranjero y reintrodujo dinero al país bajo una apariencia legal.
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Unos 140 policías federales, 17 auditores fiscales y seis representantes del Ministerio Público participaron del despliegue. Las autoridades cumplieron 59 órdenes de registro e incautación en Pernambuco, São Paulo, Río de Janeiro, Paraná y Santa Catarina. La Justicia Federal también ordenó el bloqueo de más de R$ 2.300 millones (casi USD 400 millones) en bienes y activos asociados a los investigados.
Entre los bienes alcanzados por las medidas figuraron cinco aeronaves, un yate valuado en R$ 40 millones (USD 6,9 millones), 14 vehículos, inmuebles y residencias de alto valor. Los agentes identificaron una propiedad estimada en R$ 100 millones (USD 17,3 millones) en el complejo Fazenda Boa Vista, en el estado de São Paulo, una cobertura valuada en R$ 42 millones (USD 7,3 millones) en la capital paulista y departamentos en la zona costera de Boa Viagem, en Recife.
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La investigación apuntó a una empresa de apuestas que medios locales identificaron como Esportes da Sorte, patrocinadora del Corinthians. El contrato de patrocinio con el club paulista permaneció suspendido luego de las restricciones que el Gobierno brasileño impuso sobre las plataformas de apuestas. Entre los principales investigados figuró el empresario Darwin Henrique da Silva Filho, propietario de la compañía y vinculado al grupo con sede en Pernambuco.
Según la Receita Federal, el grupo declaró cerca de R$ 2.000 millones (USD 346 millones) en movimientos durante 2025, aunque los investigadores detectaron transacciones por más de R$ 11.000 millones (unos USD 1.900 millones). La diferencia, cercana a R$ 9.000 millones (USD 1.557 millones) quedó fuera de las declaraciones presentadas ante los organismos de control y formó parte de la pesquisa por una posible evasión de tributos.
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Las autoridades situaron el inicio de las actividades investigadas en 2020, cuando el mercado de las apuestas todavía no contaba con una regulación específica en Brasil. La empresa obtuvo luego autorización para funcionar dentro del nuevo marco legal del sector, pero las pesquisas indicaron que mantuvo mecanismos irregulares para trasladar recursos y reducir la carga fiscal.

La estructura operativa funcionó desde Brasil, aunque la firma aparecía inscripta en Curazao. Para los investigadores, esa organización societaria permitió presentar operaciones locales como movimientos de una empresa extranjera y dificultó el seguimiento del dinero. La causa examina sospechas de explotación ilegal de juegos y apuestas, lavado de dinero, evasión de divisas, evasión fiscal y falsedad ideológica.
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Durante una conferencia de prensa, los responsables del operativo calificaron el esquema como un “modus operandi perverso”. La investigación detectó el uso de números de identificación fiscal de personas fallecidas, menores de edad y empresas que no podían participar de apuestas para realizar transferencias internacionales.
Los documentos aparecieron en operaciones de cambio conocidas como FX, utilizadas para enviar recursos fuera de Brasil. De acuerdo con la pesquisa, los fondos recaudados por las plataformas figuraban como pagos de premios a apostadores. Sin embargo, la información registrada en esas operaciones generó sospechas sobre los verdaderos remitentes y destinatarios del dinero.
El mecanismo permitió que transferencias vinculadas al grupo aparecieran como pagos realizados a usuarios de las plataformas, cuando las remesas podían terminar en cuentas relacionadas con los propios investigados. Parte de los fondos permaneció en el exterior sin declaración ante el fisco brasileño, mientras otra parte regresó al país mediante circuitos financieros inversos.
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La Receita Federal también investigó operaciones de cambio simultáneo. Bajo ese sistema, las empresas registraban envíos al extranjero, pero una porción de los recursos volvía a Brasil y era dirigida a sociedades vinculadas al grupo. Luego, esos valores llegaban a socios con la apariencia de distribución de ganancias y dividendos.
(Con información de EFE)
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