Fiscalía de Bolivia desestima denuncia penal contra la primera dama y un ministro por los audios de Cerimedo

La Fiscalía boliviana rechazó la denuncia presentada contra la primera dama, María Elena Urquidi, y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; por los audios que los vinculan con Fernando Cerimedo, el exasesor principal del presidente Rodrigo Paz. La denuncia había sido presentada en 4 de noviembre por el abogado Guido Calcina para que se investiguen los presuntos delitos de tráfico de influencias, beneficio en razón del cargo y nombramientos ilegales.

“El fiscal ha informado que se han rechazado casos que tienen que ver con los audios, nos sorprende que existe oídos sordos de parte de la Fiscalía General”, denunció el abogado a los medios locales. Días atrás, había informado que en un análisis a los audios atribuidos a Cerimedo, se había “identificado la participación activa” de Urquidi y Zamora en los presuntos delitos que menciona.

El caso surge luego de la difusión de al menos 15 grabaciones de llamadas telefónicas atribuidas a Fernando Cerimedo con ministros, jefes policiales, diputados, el propio presidente Paz y su esposa, entre otras autoridades. Estos audios, que fueron validados por agencias independientes de fact checking pero aún no sometidos a pericias informáticas, contendrían indicios de un presunto manejo irregular del Estado.

En las llamadas difundidas, en cuatro de las cuales participarían Zamora y Urquidi como interlocutores de Cerimedo, se abordan tensiones en el gabinete, pugnas por cargos públicos y un presunto operativo irregular para detener al expresidente Evo Morales, entre otros asuntos.

Los audios revelan “la posible existencia de un poder informal que operaba cerca del núcleo más íntimo del gobierno” y fueron un golpe para la credibilidad del Gobierno, porque se comenzó a “percibir al presidente como alguien condicionado por Cerimedo, y a asociar a su esposa con un supuesto esquema de corrupción”, afirmó el analista Andrés Gómez en un artículo publicado en Brújula Digital.

Desde la difusión de la primera grabación el 31 de agosto, el Gobierno se ha mostrado reacio a dar explicaciones y ha sugerido que sean sometidos a investigaciones y se determine quién los filtra y con qué intereses.

El abogado Calcina había solicitado en su denuncia que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realice pericias técnicas para verificar las grabaciones para que se investiguen los indicios de presuntos delitos y se establezcan responsabilidades. Tras conocer el desistimiento de la Fiscalía, Calcina lamentó que esta instancia se someta a “intereses políticos” y anunció que presentará un recurso de impugnación.

“Hay un proteccionismo a las altas esferas del poder (…), el fiscal general (José Armando Urioste) no puede garantizar independencia, la Fiscalía se somete al poder político”, manifestó.

Según una publicación de la Agencia de Noticias Fides (ANF), esta sería la tercera denuncia penal contra Urquidi que es rechazada por la Fiscalía entre agosto y noviembre de este año. La primera fue presentada por el abogado Lucas Torrez por enriquecimiento ilícito vinculado a la distribución de combustibles, y la segunda por el vicepresidente Edmand Lara, por los delitos de tráfico de influencias, asociación delictuosa, organización criminal, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito.

Infobae solicitó información a la Fiscalía General de Estado sobre la última denuncia rechazada, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

Cerimedo es un consultor político argentino de 45 años que formó parte del círculo cercano del presidente Rodrigo Paz, de quien se presentaba como “asesor principal”. Tras el ataque armado de dos sicarios contra su expareja, la abogada Nadia Beller, surgieron denuncias de su influencia en Gobierno y de presuntos casos de corrupción que involucran al entorno íntimo y familiar del primer mandatario.

Las acusaciones iniciales adquirieron mayor peso político con la filtración de más de una docena de audios que han provocado cuestionamientos sobre el manejo del poder en Bolivia.

Cerimedo permanece detenido preventivamente en una cárcel de máxima seguridad del altiplano boliviano acusado por tentativa de feminicidio contra su expareja y enriquecimiento ilícito, mientras enfrenta otros cargos por violencia familiar y presuntos vínculos con el narcotráfico.