Ecuador negocia USD 1.090 millones con el FMI mientras busca fortalecer sus finanzas y reducir riesgos de El Niño

Ecuador podría acceder a USD 1.090 millones adicionales del Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos en que el Gobierno de Daniel Noboa busca consolidar sus cuentas fiscales, atender sus obligaciones financieras y reducir la exposición de la economía a los desastres naturales. El organismo anunció el 9 de noviembre dos acuerdos técnicos que permitirían liberar nuevos recursos, aunque su entrega dependerá de la aprobación del Directorio Ejecutivo y, en uno de los casos, del cumplimiento de reformas adicionales.

La operación comprende dos mecanismos distintos. El primero permitiría desembolsar aproximadamente USD 380 millones como parte de la sexta revisión del programa económico que Ecuador mantiene desde 2024. El segundo consiste en una nueva línea de financiamiento por USD 710 millones, orientada a fortalecer la capacidad del país para enfrentar vulnerabilidades energéticas, fenómenos climáticos y otros riesgos que puedan afectar sus finanzas públicas.

La diferencia entre ambos instrumentos resulta fundamental: mientras los USD 380 millones quedarían disponibles inmediatamente después de la aprobación de la revisión, el financiamiento adicional se entregaría por tramos y bajo condiciones específicas. Por tanto, el entendimiento anunciado no representa una transferencia inmediata de la totalidad de los recursos.

Según la información del FMI, la misión encabezada por Anastasia Guscina mantuvo conversaciones con las autoridades ecuatorianas entre el 22 de septiembre y el 26 de octubre de 2026, tanto en Washington como mediante reuniones virtuales. Las negociaciones estuvieron centradas en el cumplimiento de los compromisos fiscales, la evolución de las reservas internacionales y las reformas necesarias para mantener la estabilidad económica.

El organismo concluyó que Ecuador cumplió todos los criterios cuantitativos de desempeño correspondientes a la sexta revisión, varios de ellos con márgenes superiores a los establecidos. Sin embargo, identificó una excepción entre las metas indicativas: los pagos atrasados del Gobierno central a empresas y proveedores privados nacionales.

El incumplimiento fue considerado menor y, según la explicación del Fondo, estuvo relacionado con la identificación y reclasificación de obligaciones durante la reestructuración del sector público. Aunque esta observación no impidió alcanzar el acuerdo técnico, evidencia que persisten compromisos pendientes del Estado con sus acreedores internos.

El programa principal fue aprobado en mayo de 2024 por USD 4.000 millones, cuando Ecuador enfrentaba importantes necesidades de financiamiento y dificultades para acceder a los mercados internacionales. En julio de 2025, el FMI autorizó una ampliación de USD 1.000 millones, con lo que el monto total ascendió a USD 5.000 millones.

El acuerdo tiene una duración de 48 meses y contempla revisiones periódicas para evaluar el cumplimiento de las metas económicas. Entre sus objetivos figuran la sostenibilidad fiscal, la acumulación de reservas internacionales, la estabilidad del sistema financiero y la protección de la dolarización, vigente en Ecuador desde el año 2000.

Hasta abril de 2026, el país había recibido aproximadamente USD 3.700 millones mediante este programa. Si se concreta el nuevo desembolso, el financiamiento acumulado alcanzaría alrededor de USD 4.080 millones, según las cifras redondeadas divulgadas por el organismo. Los recursos forman parte de préstamos que incrementan las obligaciones financieras del Estado y deberán ser reembolsados conforme a las condiciones pactadas.

El segundo acuerdo introduce una dimensión diferente en la relación crediticia. Mediante el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), Ecuador podría acceder a USD 710 millones durante un programa de 18 meses, condicionado a la implementación de reformas que permitan reducir riesgos económicos de largo plazo.

De acuerdo con el comunicado del FMI y la información difundida por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el nuevo instrumento se concentrará en tres ámbitos: reducir las vulnerabilidades del sector energético, mejorar la respuesta frente a desastres naturales y fortalecer la gobernanza climática y el financiamiento sostenible.

La incorporación del componente energético adquiere relevancia para una economía cuya generación eléctrica depende considerablemente de las condiciones hidrológicas. Los períodos de sequía pueden comprometer la producción hidroeléctrica, mientras que las precipitaciones intensas y otros eventos extremos pueden afectar instalaciones, infraestructura y actividades productivas.

A estas vulnerabilidades se suma el fenómeno de El Niño, cuyos posibles efectos sobre Ecuador figuran entre los riesgos identificados por el FMI. Las inundaciones, los daños en carreteras y las afectaciones a la agricultura pueden traducirse en mayores necesidades de gasto público, interrupciones productivas y presiones adicionales sobre las cuentas estatales.

No obstante, el nuevo financiamiento no equivale a una asignación directa de USD 710 millones para construir centrales eléctricas, reparar carreteras o ejecutar obras de prevención de inundaciones. Se trata de un mecanismo que respalda reformas de política económica e institucional. Su primer desembolso estará condicionado a la conclusión de una revisión y a la aplicación de las medidas acordadas, cuyo detalle financiero todavía no ha sido divulgado.

El Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad ofrece condiciones de reembolso de largo plazo. Según las disposiciones generales del FMI, contempla vencimientos de 20 años y un período de gracia de diez años y medio para el pago del capital, características que lo diferencian de otras fuentes de endeudamiento externo.

El acuerdo se produce, además, después del retorno de Ecuador a los mercados internacionales de capitales. En enero de 2026, el Gobierno colocó USD 4.000 millones en bonos soberanos y realizó una operación de recompra de deuda por aproximadamente USD 3.000 millones. En mayo efectuó una emisión complementaria por USD 1.000 millones.

Estas transacciones permitieron obtener financiamiento y modificar el calendario de vencimientos de determinadas obligaciones. Sin embargo, una emisión de bonos representa nueva deuda y no debe confundirse con ingresos fiscales permanentes ni con una reducción automática del endeudamiento público.

El FMI destacó este regreso a los mercados como uno de los avances registrados durante la ejecución del programa económico. También señaló mejoras en la recaudación tributaria, la eficiencia del gasto estatal y el fortalecimiento de las reservas internacionales.

En su evaluación de las perspectivas económicas, el organismo informó que el producto interno bruto ecuatoriano creció 2,1 % durante el primer semestre de 2026 y proyectó una expansión del 2,7 % para el conjunto del año, impulsada por el consumo, la inversión y las exportaciones no petroleras.

La inflación anual se situó en el 1,3 % en septiembre, mientras que el superávit de cuenta corriente podría alcanzar el 4,6 % del PIB al cierre de 2026. Este último indicador refleja la relación entre los ingresos y pagos externos corrientes del país, y no debe confundirse con un superávit del presupuesto estatal.