Crisis en Paraguay: el antecedente de la caída de Fernando Lugo, el presidente fue destituido por el Congreso en menos de 30 horas

La renuncia de Santiago Peña, acorralado por el colapso de Ueno Bank y por el apoyo del Partido Colorado al juicio político, remite al proceso exprés de 2012 contra el ex obispo

Fotografía de archivo del ex presidente paraguayo Fernando Lugo. EFE/Nathalia Aguilar
Fotografía de archivo del ex presidente paraguayo Fernando Lugo. EFE/Nathalia Aguilar
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El Senado de Paraguay destituyó a Fernando Lugo el 22 de junio de 2012 al cabo de un juicio político que, entre la acusación en Diputados y la sentencia, duró menos de 30 horas. Ese mecanismo es el que Santiago Peña esquivó este jueves con su renuncia, mientras la Cámara de Diputados debatía acusarlo por el colapso de Ueno Bank.

Lugo, ex obispo, ganó las elecciones de abril de 2008 y cortó 61 años de gobiernos del Partido Colorado. Su principal socio era el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), al que pertenecía el vicepresidente, Federico Franco.

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El detonante fue el desalojo del 15 de junio de 2012 en Marina Cué, unas tierras de Curuguaty (Canindeyú) ocupadas por campesinos y reclamadas por el dirigente colorado Blas N. Riquelme. Más de 300 policías entraron en el predio y el tiroteo dejó 11 campesinos y seis policías muertos.

El 20 de junio, el diputado colorado Luis Gneiting presentó el pedido de juicio político. Al día siguiente el PLRA rompió con el presidente, y la Cámara de Diputados aprobó la acusación por 76 votos contra 1. “No voy a presentar renuncia al cargo y me someteré con todas sus consecuencias a juicio político”, respondió Lugo.

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Familiares de víctimas campesinas entran en las tierras de Marina Cué para honrar la memoria de los once campesinos y seis policías muertos en un enfrentamiento en 2012 que motivó la destitución del presidente Fernando Lugo. EFE/SANTI CARNERI/Archivo
Familiares de víctimas campesinas entran en las tierras de Marina Cué para honrar la memoria de los once campesinos y seis policías muertos en un enfrentamiento en 2012 que motivó la destitución del presidente Fernando Lugo. EFE/SANTI CARNERI/Archivo

El escrito de acusación enumeraba cinco hechos: la matanza de Curuguaty, las ocupaciones de tierras en Ñacunday, la inseguridad, un acto político de jóvenes de izquierda celebrado en 2009 en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas y la firma del Protocolo de Ushuaia II del Mercosur, que prevé sanciones ante rupturas democráticas. Según el propio texto, las causas eran “de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas”.

El Senado aprobó el mismo jueves un reglamento que daba a la defensa dos horas para exponer. La acción de inconstitucionalidad que Lugo presentó ante la Corte Suprema no frenó el proceso, y el pleno rechazó la prórroga que pidieron sus abogados. El viernes 22 por la tarde, 39 senadores votaron la destitución y 4 en contra. Minutos después juró Franco.

Lugo acató el fallo y lo calificó de “golpe parlamentario”. El 29 de junio, en Mendoza, Argentina, Brasil y Uruguay suspendieron a Paraguay del Mercosur, y con el país fuera aprobaron el ingreso de Venezuela, que el Senado paraguayo bloqueaba. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) también lo suspendió. La sanción del Mercosur se levantó el 15 de agosto de 2013, cuando asumió Horacio Cartes.

Cartes, hoy presidente del Partido Colorado, es quien dio esta semana los votos para acusar a Peña, su ex ministro de Hacienda. El pedido, presentado el miércoles por 35 diputados opositores y disidentes del oficialismo, prosperó cuando el partido anunció que lo respaldaría. “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, declaró Cartes. Peña anunció su renuncia en un video en X y pidió disculpas “si en algún momento he fallado”.

Una sucursal de ueno cierra sus puertas mientras los diputados de la oposición siguen adelante con sus esfuerzos para destituir al presidente Santiago Peña, a quien culpan de la crisis bancaria desencadenada por la quiebra de la entidad de crédito digital, en Asunción, Paraguay. 5 de noviembre de 2026. REUTERS/César Olmedo
Una sucursal de ueno cierra sus puertas mientras los diputados de la oposición siguen adelante con sus esfuerzos para destituir al presidente Santiago Peña, a quien culpan de la crisis bancaria desencadenada por la quiebra de la entidad de crédito digital, en Asunción, Paraguay. 5 de noviembre de 2026. REUTERS/César Olmedo

Peña había comprado en una oferta pública acciones de Credicentro, sociedad que pasó a llamarse Ueno Holding, del Grupo Vázquez. Llegó a tener el 1,58% y lo conservó hasta marzo de 2025. Cuando asumió, el 15 de agosto de 2023, Ueno era una financiera. El Banco Central del Paraguay (BCP) le otorgó la licencia bancaria el 22 de noviembre de ese año, y el 28 de junio de 2024 absorbió a Visión Banco, con depósitos más de cuatro veces mayores que los suyos.

Según el Ministerio de Economía y el Instituto de Previsión Social (IPS), la caja estatal de jubilaciones, los depósitos públicos en guaraníes de Ueno se multiplicaron por más de 45 entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025. En agosto custodiaba unos USD 850 millones del Estado, USD 380 millones del IPS.

El martes, el BCP ordenó su resolución con un índice de solvencia de 5,56%, frente a un mínimo legal de 12%. La Superintendencia de Bancos había detectado el 5 de junio préstamos al grupo por encima de los límites legales, y la capitalización de USD 100 millones anunciada a fines de octubre no cubrió el déficit. Ocho directivos están detenidos, entre ellos el presidente del banco, Juan Manuel Gustale, y su director ejecutivo, Federico Miguel Vázquez.

Reuters informó que Carlos Carvallo presidió Ueno antes de dirigir el BCP; Peña le pidió la renuncia y envió al Congreso un proyecto de ley de emergencia. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por ahorrista, unos 228 millones de guaraníes (alrededor de 38.000 dólares), en un plazo de hasta 15 días.

El ministro del Interior, Enrique Riera, entregó la renuncia en el Congreso a las 13:25. Ambas cámaras fueron convocadas a las 14:00 para aceptarla y el vicepresidente, Pedro Alliana, debía jurar a las 15:30. Alliana completará el mandato hasta el 15 de agosto de 2028. Como la Vicepresidencia queda vacante en los dos últimos años del período, el Congreso deberá designar por mayoría absoluta a quien ocupe el cargo.

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