Diputados paraguayos pidieron el juicio político contra Santiago Peña por la crisis de Ueno Bank

Un grupo de legisladores opositores y disidentes del oficialismo presentó este miércoles ante el Congreso de Paraguay una acusación para iniciar un juicio político contra el presidente Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, por la crisis derivada de la intervención del banco Ueno. La medida dejó a millones de clientes sin acceso a sus fondos y generó protestas en Asunción.

El documento, respaldado por 35 firmas, fue entregado en la Cámara de Diputados por los legisladores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, quienes solicitaron convocar a una sesión extraordinaria para este jueves. El trámite se ampara en el artículo 225 de la Constitución paraguaya.

La crisis bancaria que detona el pedido de destitución comenzó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La entidad tenía cerca de tres millones de clientes en un país de 6,4 millones de habitantes, lo que equivale a que casi la mitad de los paraguayos tuviera cuenta en el banco.

Ueno Bank, propiedad del Grupo Vázquez, concentraba unos 850 millones de dólares en depósitos públicos, entre ellos fondos del Instituto de Previsión Social. La entidad patrocinaba además equipos de fútbol locales y eventos como la etapa paraguaya del Mundial de Rally.

Tras conocerse la intervención, se formaron largas filas de personas afuera de las sucursales que intentaban retirar su dinero, y el martes por la noche se registraron protestas contra el gobierno en la capital. El Banco Central informó que quienes tengan depósitos congelados recibirán un primer pago de hasta diez millones de guaraníes, equivalentes a unos 1.675 dólares.

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) señaló que las entidades financieras trabajaban para absorber el traslado masivo de clientes desde Ueno y remarcó que el sistema bancario continuaba “operando con normalidad”, en medio de informes sobre fallos en diversas aplicaciones bancarias que intensificaron la preocupación por la confianza en el sistema financiero del país.

Los requisitos para avanzar el juicio político

Para que la acusación contra Peña y Alliana pase al Senado, los diputados necesitan reunir 53 apoyos sobre un total de 80 legisladores, una mayoría calificada de dos tercios. En la Cámara Alta se requiere luego una mayoría absoluta de dos tercios, 30 votos de 45 senadores, para declarar culpables a los mandatarios y abrir la puerta a su destitución.

El Partido Colorado, al que pertenece Peña, cuenta con mayoría propia en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, la agrupación está presidida por el expresidente Horacio Cartes, distanciado del mandatario y considerado una figura clave para definir la posición del oficialismo frente al pedido.

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola, de la facción Añeteté, advirtió sobre el costo político de la crisis: “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028”, dijo en referencia a las próximas elecciones presidenciales.

No está claro si el oficialismo acompañará la propuesta. Peña no se ha pronunciado públicamente sobre la iniciativa de destitución.

Las acusaciones contra el presidente

El texto presentado ante la Cámara de Diputados pide tramitar el juicio político por el “mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo”. La oposición acusa a Peña de incurrir en conflicto de intereses, manipulación regulatoria, desvío de fondos previsionales y encubrimiento institucional del Banco Central.

Peña, economista conservador que asumió el gobierno en 2023 con mandato hasta 2028, poseía acciones del grupo que controlaba Ueno Bank, de las que se desvinculó en 2025.

La diputada opositora Rocío Vallejo cuestionó directamente al mandatario durante la sesión en la que se presentó la acusación: “Nunca antes nadie perjudicó en un solo día a 3 millones de personas en la República del Paraguay y usted lo logró, señor presidente (...) usted es el origen de este monstruo que ha creado”.

En la misma línea, el diputado independiente Raúl Rubín, uno de los impulsores de la propuesta, declaró a periodistas: “Dos de cada tres paraguayos hoy no pueden hacer uso de su dinero y el principal responsable es Santiago Peña, eso hasta sus aliados lo saben”.

La respuesta del gobierno ante la crisis

Peña indicó en una publicación en la red social X que los responsables de las irregularidades responderán ante la justicia, sin excepciones, poco antes de promulgar una ley, aprobada con rapidez por el Congreso, que permitirá a los ahorristas recuperar parte de sus fondos de garantía en los próximos cinco días. “A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés”, señaló el mandatario.

El Congreso también aceptó a uno de los tres candidatos propuestos por el Ejecutivo para restituir el directorio del Banco Central, luego de que la crisis llevara a la renuncia del entonces titular de la entidad, Carlos Carvallo.

La investigación del Banco Central sobre Ueno Bank derivó en una denuncia de 200 páginas presentada ante la justicia el martes, que condujo a la detención de ocho directivos de la entidad, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez. La fiscalía emitió órdenes de detención contra los ejecutivos, que se entregaron a las autoridades, y acusó formalmente a 27 personas vinculadas con el banco. La justicia también ordenó el embargo de sus bienes.

Un antecedente en la historia política reciente

Paraguay ya registró un juicio político que terminó con la destitución de un presidente en ejercicio. En 2012, el entonces mandatario Fernando Lugo fue destituido por el Congreso a raíz de una masacre de 11 campesinos y seis policías ocurrida a unos 250 kilómetros al noreste de Asunción.

El exobispo había llegado al poder en 2008, lo que puso fin a 61 años de hegemonía ininterrumpida del Partido Colorado en el gobierno paraguayo.