Declaran en rebeldía al exalcalde de Santa Cruz de la Sierra y emiten una orden de aprehensión

Jhonny Fernández no se presentó a la audiencia de medidas cautelares por una investigación relacionada al financiamietno de 17 obras municipales. La Fiscalía pide su detención preventiva

Jhonny Fernández, un hombre latino de mediana edad, sentado en una silla negra, frente a micrófonos, lleva un traje oscuro y camisa azul con pañuelo azul. Banderas detrás
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra enfrenta acusaciones por corrupción en obras viales.
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La Fiscalía boliviana declaró en rebeldía y emitió una orden de aprehensión contra Jhonny Fernández, el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más extensa y próspera del país, luego de que no se presentara este martes a su audiencia de medidas cautelares.

Fernández, que ocupó el cargo entre 2021 y 2026, es investigado por la supuesta malversación de recursos públicos destinados a 17 obras municipales que no fueron ejecutadas. El monto destinado a los proyectos de infraestructura ascendía a 191 millones de bolivianos, equivalentes entonces a 27 millones de dólares.

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Tras su inasistencia a la convocatoria judicial, el fiscal Gary Flores afirmó: “al no haberse acreditado o justificado la ausencia de este ciudadano en la presente audiencia, se ha solicitado que se lo declare rebeldía, y en consecuencia, se disponga a la aprehensión de este ciudadano con los efectos de que pueda ser puesto a disposición (de la Justicia)”.

Sin embargo, la mañana de este miércoles, Fernández difundió un video en redes sociales en el que denunció acoso político y dijo que la justicia está “cediendo” a las presiones del alcalde actual, Manuel Saavedra.

Jhonny Fernández sonríe y saluda, vistiendo un poncho verde y collares de flores, con confeti azul en el cabello, rodeado de personas en un evento al aire libre
El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra también disputó la Presidencia de Bolivia en las elecciones generales de 2025. En la imagen se lo ve en un acto de campaña electoral.

“Hoy estoy sufriendo acoso, un acoso político de parte del alcalde y sus colaboradores”, señaló Fernández y negó las acusaciones en su contra. “Se cayeron las licitaciones, estábamos pagando intereses por esa plata, no teníamos ingresos, estábamos en emergencia, teníamos que pagar aguinaldos (…) la plata ha entrado y se ha pagado, nadie se la ha robado, aquí está toda la documentación”, explicó.

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Fernández justificó su ausencia a la audiencia cautelar porque, según él, todo estaba armado para enviarlo a prisión. “Estaba todo preparado para que me aprehendan y me manden a (la cárcel de) Palmasola, por eso no llegué a la audiencia, esto está torcido”, señaló y denunció falta de garantías.

Luego de la emisión de la orden de captura, concejales de la ciudad pidieron a la Dirección Departamental de Migración tomar medidas para evitar la fuga del exalcalde. “Haremos las acciones que corresponden para que Jhonny Fernández esté tras las rejas y devuelva cada centavo que se llevó de las familias cruceñas”, afirmó la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, citada por el periódico El Deber.

Avenida Beni
Vista de la zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al este de Bolivia.

Jhonny Fernández, de 61 años, es un empresario y político boliviano que en los últimos 30 años fue tres veces alcalde de la ciudad de Santa Cruz y dos veces candidato a la Presidencia, en 2002 y 2025, en elecciones en las que obtuvo resultados por debajo del 6%.

En su última gestión como alcalde se vio envuelto en cuestionamientos por sobreprecios y una serie de contratos presuntamente irregulares. En febrero de este año, cuando aún ejercía funciones en la Alcaldía, una jueza lo envió preventivamente a la cárcel por 100 días en medio de denuncias de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Es hijo de Max Fernández, accionista mayoritario de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y fundador en 1989 de Unión Cívica Solidaridad (UCS), partido político relevante en la década de los 90 pero que perdió la personería jurídica en las elecciones presidenciales del año pasado, al no superar el mínimo de votos requeridos (3%) para permanecer vigente en el sistema.

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