Las dos investigaciones por lavado de dinero que deberá enfrentar Flávio Bolsonaro tras perder el balotaje en Brasil

Flávio Bolsonaro perdió el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y queda expuesto a dos investigaciones por lavado de dinero en el Supremo Tribunal Federal (STF) sin la protección que le habría dado la Presidencia. Los presidentes brasileños no pueden ser responsabilizados durante su mandato por actos anteriores a la investidura, y la mayoría del mundo jurídico entiende que ni siquiera podrían continuar las pesquisas para una denuncia posterior, según Luisa Ferreira, doctora en Derecho y profesora de la Fundación Getúlio Vargas.

Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 51,7% de los votos y Flávio el 48,2%, según el Tribunal Superior Electoral. Flávio no reconoció el resultado. Dijo que la elección debía anularse y acusó al juez del STF Cristiano Zanin de alterar las reglas al ampliar el horario de votación. Magistrados del Tribunal Superior Electoral y del STF descartaron esa posibilidad.

Flávio, de 45 años, es senador desde 2019. Dejó la carrera parlamentaria para disputar la Presidencia, ungido por su padre, Jair Bolsonaro, inhabilitado y condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.

La primera causa investiga la financiación de Dark Horse, una película sobre la vida de Jair Bolsonaro. El 13 de mayo The Intercept Brasil publicó audios en los que Flávio le pide al banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, 134 millones de reales (USD 24 millones) para producirla. Vorcaro transfirió al menos 61 millones de reales (USD 11 millones) a un fondo de Estados Unidos, el Havengate Development Fund, administrado por personas ligadas al abogado de Eduardo Bolsonaro, hermano del senador.

El ministro del STF André Mendonça, relator del caso, autorizó en julio a la Policía Federal a investigar a Flávio por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. La policía sospecha que parte del dinero llegó a cuentas estadounidenses ligadas a la familia Bolsonaro y sirvió para beneficio personal. Flávio admite que pidió los fondos, pero sostiene que era un patrocinio privado, sin dinero público. Vorcaro está en prisión preventiva desde el 4 de marzo de 2025.

La segunda causa gira en torno a Willer Tomaz, abogado y amigo de Flávio, a quien la policía señala como operador de empresas con movimientos sospechosos ligados a las apuestas deportivas. Al acceder a sus comunicaciones, los agentes hallaron correos que indican que Flávio figuraba como usuario con amplios permisos de una cuenta bancaria de Alcazar Holdings, empresa del abogado. La Policía Federal envió el caso al STF el 18 de octubre.

Flávio calificó la investigación de falsa. Él y Tomaz niegan que compartieran una cuenta y reconocen solo la amistad. La defensa del senador sostiene que no es investigado formalmente porque las actuaciones aún no se convirtieron en un sumario formal.

El Ministerio Público de Río de Janeiro ya lo había denunciado en noviembre de 2020 por organización criminal, peculato, lavado de dinero y apropiación indebida, por emplear a allegados como funcionarios fantasma en su gabinete de diputado y quedarse con parte de sus sueldos. La acusación sostenía que el dinero se blanqueó con una tienda de chocolates y operaciones inmobiliarias en efectivo. El Superior Tribunal de Justicia anuló en noviembre de 2021 las decisiones que levantaron el secreto bancario y fiscal de los investigados, y el Tribunal de Justicia de Río archivó la denuncia el 16 de mayo de 2022.

Entre esos empleados estaban la madre y la esposa de Adriano da Nóbrega, excapitán de la unidad de élite de la Policía Militar de Río al que el Ministerio Público señalaba como jefe de una milicia. Nóbrega murió abatido por la policía en febrero de 2020. Flávio atribuyó las contrataciones a su asesor Fabrício Queiroz y niega vínculos con milicias.

El STF resolvió el 11 de marzo de 2025, por 7 votos contra 4, que los parlamentarios siguen siendo juzgados por ese tribunal después de dejar el cargo si el delito ocurrió en el cargo y en razón de él. No hay una decisión pública sobre si lo aplicará a los hechos de Dark Horse y de Tomaz, ocurridos cuando Flávio ya era senador. Si no lo hace, los casos pasarían a primera instancia.