La crisis eléctrica en Ecuador eleva el consumo de diésel y encarece la generación de energía

La crisis eléctrica de Ecuador está trasladando sus costos a la economía nacional. El incremento de la generación termoeléctrica y la obligación de miles de industrias de producir su propia electricidad han disparado la demanda de diésel, mientras el país destina cada vez más recursos a importar un combustible cuyo precio internacional también se ha encarecido. El resultado es una mayor presión sobre los costos de producción, las necesidades de divisas y el abastecimiento energético.

Entre enero y agosto de 2026, Ecuador gastó USD 2.259 millones en importaciones de diésel, un incremento del 60% respecto del mismo período del año anterior, según estadísticas de Petroecuador difundidas por Primicias. El aumento del desembolso contrasta con el crecimiento del volumen importado, que fue de apenas el 4,8%, hasta alcanzar un promedio de 98.444 barriles diarios.

La diferencia evidencia el impacto del encarecimiento del combustible sobre la factura energética nacional. De acuerdo con la misma información, el precio promedio del barril importado pasó de USD 97,92 en agosto de 2025 a USD 173,01 en agosto de 2026, un incremento superior al 76%. Ecuador necesita adquirir más diésel en el exterior precisamente cuando su costo representa una carga significativamente mayor.

El consumo nacional alcanzó un promedio de 112.780 barriles diarios durante los primeros ocho meses del año, un 8% más que en igual período de 2025. Sin embargo, los mayores incrementos se concentran en actividades directamente relacionadas con la crisis eléctrica, donde la sustitución de energía hidroeléctrica por generación térmica implica un mayor consumo de combustibles.

En el sector eléctrico, la demanda diaria de diésel pasó de 4.794 a 8.287 barriles, un aumento cercano al 73%. Solo entre julio y agosto, los despachos destinados a generación crecieron un 86%, coincidiendo con la reducción del nivel del embalse de Mazar, una infraestructura estratégica para el suministro eléctrico ecuatoriano.

El impacto económico también alcanza al sector productivo. La demanda industrial de diésel aumentó un 37,6% interanual, impulsada por empresas que deben utilizar generadores propios para evitar la paralización de sus actividades. Esta alternativa implica gastos adicionales en combustible, mantenimiento y operación, que se suman a los costos habituales de producción.

Según información publicada por Expreso, alrededor de 9.080 empresas de alto y medio voltaje quedaron comprendidas en las restricciones eléctricas previstas entre el 14 y el 20 de octubre. Las desconexiones, inicialmente anunciadas por períodos de 24 horas, se ampliaron en determinados casos, afectando la planificación de las operaciones industriales.

Para las empresas, el problema no se limita al precio del combustible. La autogeneración requiere infraestructura y capacidad instalada que no todas poseen. Cuando los equipos disponibles resultan insuficientes, las restricciones pueden traducirse en menores volúmenes de producción, incumplimientos de entregas y pérdida de horas operativas.

A la creciente demanda se suman dificultades en el abastecimiento. Expreso reportó esperas de hasta cinco horas para cargar tanqueros en Guayaquil y advertencias sobre existencias reducidas en algunas estaciones de servicio. Petroecuador respondió incrementando los despachos desde el Terminal Pascuales y habilitando jornadas extraordinarias de distribución, aunque descartó un desabastecimiento generalizado.

La dependencia externa se profundiza por las dificultades operativas de la Refinería de Esmeraldas, afectada por un incendio en marzo. La reducción de la capacidad nacional de refinación limita la disponibilidad de derivados y aumenta la exposición del país a los precios internacionales.

El consultor energético Nelson Baldeón advirtió, según declaraciones recogidas por Ecuavisa, sobre la necesidad de transparentar los inventarios y cronogramas de importación para determinar la capacidad real de abastecimiento.

La crisis eléctrica no solamente compromete la continuidad del suministro energético. También incrementa la factura de importaciones, encarece las operaciones industriales y expone a la economía ecuatoriana a una mayor dependencia de combustibles externos, en un escenario donde la disponibilidad de electricidad y diésel se ha convertido en una condición decisiva para sostener la actividad productiva.