El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este viernes una ley que habilita la suspensión definitiva del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, cuando enfrente una imputación formal o una medida cautelar personal por delitos penales. La reforma apunta a resolver la situación del detenido e investigado por una presunta red de protección al narcotráfico. El jefe de Estado firmó la norma en un acto en el Palacio de Gobierno.
El texto modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público e incorpora un procedimiento para apartar de manera definitiva a la máxima autoridad de esa institución cuando esté “imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables” con prisión.
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La ley establece que la Asamblea Legislativa podrá aprobar la suspensión con el voto de dos tercios de los legisladores presentes. Ese mismo cuerpo tendrá la facultad de designar una autoridad interina, que permanecerá en el cargo hasta la elección de un nuevo fiscal general. El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto por separado. El pleno legislativo tenía previsto reunirse el viernes para analizar la situación de Mariaca.
El fiscal fue detenido el miércoles, después de que el Gobierno boliviano lo acusara de presuntamente encabezar una “organización criminal” destinada a proteger al “narcoterrorismo” en el país. Junto con él, al menos otras 13 personas quedaron aprehendidas en el marco de la investigación, entre ellas tres fiscales.
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La captura ocurrió dos días después de que el Gobierno de Estados Unidos incluyera a Mariaca en una lista de altos cargos y exfuncionarios de tres países cuyos visados fueron revocados. Washington los acusó de ser “corruptos” y de “socavar Gobiernos elegidos democráticamente”.
Tras la detención, el Departamento de Estado estadounidense y los países de la coalición del Escudo de las Américas expresaron respaldo a la administración de Paz y reclamaron la continuidad de las investigaciones y los procesos contra las presuntas redes de protección al narcotráfico.
Sin aludir de forma directa al fiscal general, Paz sostuvo que los hechos conocidos durante los últimos días son resultado de una investigación previa. “Lo acontecido en estos días no es fruto de un anuncio que se dio el lunes”, afirmó, sino de “un esfuerzo de investigación y de trabajo silencioso, minucioso”.
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El mandatario vinculó ese proceso con la adhesión de Bolivia al Escudo de las Américas. “Ahora se puede entender el porqué este Gobierno tomó la decisión de ser parte del acuerdo del Escudo de las Américas, porque el crimen organizado no tiene Constitución, no responde a leyes”, manifestó.
Paz señaló además que Bolivia deja de ser la “isla” que fue durante los 20 años anteriores, “para que unas cuantas autoridades hicieran lo que les diera la gana de la patria”. También planteó la necesidad de “reconstruir” la Justicia boliviana ante la existencia de operadores que, según sostuvo, buscan controlar instituciones estatales mediante el crimen organizado.
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Mariaca y otros tres acusados por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal debían comparecer este sábado ante un juez cautelar.
El Gobierno de Bolivia sostiene que Roger Mariaca tenía antecedentes de presunta protección a la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir ese cargo en octubre de 2024.
En julio de 2023, Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz cuando Marset logró escapar de un operativo destinado a capturarlo en esa región del este boliviano. El uruguayo permaneció prófugo hasta marzo, cuando una nueva operación, sin participación de la Fiscalía, derivó en su traslado a Estados Unidos, donde permanece detenido.
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El nombre de Marset reapareció tras la detención de Mariaca por la difusión de un video en medios locales. En esas imágenes, cuya autenticidad no fue comprobada, el uruguayo supuestamente afirma que el fiscal general es su “amigo”.
(Con información de EFE)
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