Chile: un informe reveló que 485 estatales siguen recibiendo su sueldo a pesar de estar suspendidos por sumarios

La Contraloría General de la República (CGR), publicó este lunes un informe que reveló que 485 funcionarios públicos que están suspendidos por sumarios administrativos siguen recibiendo sus sueldos, varios de los cuáles llevan años sin aparecer por la oficina.

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 -el que no incluye a trabajadores municipales-, estableció que dichos ceses se produjeron entre 2020 y marzo de 2026 y alertó sobre la “prolongada duración de algunas de estas medidas”.

Ello, puesto que 13 estatales aparecen como suspendidos desde hace más de cuatro años y en total, 30 de ellos superan los tres años sin marcar una tarjeta, pero recibiendo de manera íntegra su remuneración.

El caso más grave es el de un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a las Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión llega a a los cuatro años y siete meses.

Para peor, de acuerdo a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), 22 de estos trabajadores registran actividades remuneradas durante el tiempo de suspensión.

Desde la CGR acusaron que “el Estado ha desembolsado $671 millones (USD 710 mil) en remuneraciones asociadas únicamente a los 10 casos con los períodos de suspensión más prolongados identificados en la revisión”.

Debido a esto, “cuando los plazos de un sumario se extienden, la autoridad que lo instruyó debe revisar su estado, adoptar medidas para acelerar su tramitación y evaluar eventuales responsabilidades por las demoras”, advirtieron desde el ente.

Así las cosas, la primera medida que tomó la CGR fue asumir la tramitación de los 30 casos de funcionarios suspendidos por más de tres años, a fin de acelerar su cierre y determinar “si existen responsabilidades de las autoridades que ordenaron los procedimientos y no efectuaron un control oportuno de su avance”.

Aquellos organismos que tengan funcionarios suspendidos por más de un año, deberán cerrar dichos sumarios y en caso de no hacerlo, justificar sus razones y reportar acciones concretas en un plazo de 15 días.

La reacción del Gobierno

La noticia provocó el repudio transversal de los parlamentarios, quienes calificaron el hecho como “francamente escandaloso” y una “burla impresentable”, y desde el Gobierno el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó el asunto en un punto de prensa.

“La verdad es que la ley permite que funcionarios que están siendo investigados puedan quedar suspendidos, lo que significa que mientras no cese la relación laboral, se sigue pagando el sueldo o una fracción de él. Esa es la razón por la cual el Presidente de la República ha convocado a una comisión que tiene por objeto estudiar la forma de mejorar nuestro empleo público”, según consignó Emol.

Según la autoridad, lo fundamental “es que los sumarios se terminen, y por eso es muy importante que la Contraloría tenga las herramientas para poder ordenar a la Administración Pública que vaya cerrando los sumarios que están teniendo”.

Así, “cada servicio tiene que tomar los debidos resguardos para que la situación no se extienda en el tiempo, y por lo tanto, acogemos el llamado de la Contraloría a poder revisar esta situación, y por supuesto que como Gobierno las vamos a revisar”, remató Pavez.