
El proceso judicial contra Melvin Orlando Cevallos Umanzor, dirigente de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), avanzó luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.
La Fiscalía lo señala preliminarmente como presunto autor directo de los delitos de coacción y amenaza electoral por hechos registrados el 7 de julio de 2025 durante el proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
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La acusación se relaciona con una protesta desarrollada mientras una comisión especial delegada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se disponía a recibir las ofertas para implementar el sistema que sería utilizado durante las elecciones generales de noviembre de 2025.
Cevallos Umanzor es un dirigente vinculado al Partido Libertad y Refundación (Libre) con participación política dentro de esa organización. En las elecciones primarias de 2025 fue precandidato a la alcaldía del Distrito Central por el movimiento Esperanza Libre (MEL), una de las corrientes internas de Libre.
Su nombre también ha estado relacionado con actividades de los colectivos del partido oficialista y con protestas desarrolladas durante la actual administración.
La protesta durante la contratación
Según el comunicado del Ministerio Publico Los hechos investigados ocurrieron el 7 de julio de 2025, cuando se desarrollaba el procedimiento para recibir propuestas destinadas a la contratación del sistema TREP, previsto para transmitir los resultados electorales preliminares de las elecciones generales de noviembre de ese año.
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Según la investigación de la Unidad Especial Contra los Delitos Electorales, Cevallos Umanzor habría dirigido a un grupo de simpatizantes que protestó contra los lineamientos establecidos para la adjudicación del sistema.

La Fiscalía sostiene que las acciones de esa jornada terminaron obstaculizando la recepción de las ofertas y afectando un procedimiento considerado parte de la organización del proceso electoral.
El Ministerio Público sostiene que los hechos investigados no se limitaron a una manifestación política, sino que tuvieron consecuencias sobre un procedimiento relacionado directamente con la organización de las elecciones.
De acuerdo con la acusación, las acciones atribuidas a Cevallos Umanzor habrían puesto en riesgo el desarrollo de un componente previsto para la jornada electoral y, por esa razón, fueron incorporadas dentro de una investigación por delitos de carácter electoral. La Fiscalía sostiene que existen elementos para atribuirle participación directa en los hechos.
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¿Qué implica el requerimiento?
El requerimiento fiscal no equivale a una condena. La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el proceso judicial, a partir de los elementos de prueba que presente el Ministerio Público y los argumentos de la defensa.
El caso también podría colocar nuevamente bajo escrutinio las circunstancias que rodearon la contratación del TREP para las elecciones generales de 2025 y las disputas políticas que surgieron alrededor de ese procedimiento.
El requerimiento fue presentado más de un año después de los hechos que dieron origen a la investigación, ocurridos durante una etapa particularmente sensible de la preparación de las elecciones generales.
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En aquel momento, el proceso para definir la implementación del sistema de transmisión de resultados formaba parte de las actividades desarrolladas por el CNE de cara a los comicios.
La Fiscalía, a través de su unidad especializada en delitos electorales, sostiene que las acciones investigadas interfirieron con ese procedimiento.
El Ministerio Público afirmó que continuará con la persecución de hechos que considere constitutivos de delitos contra el proceso electoral y señaló que su actuación busca proteger el desarrollo de los mecanismos democráticos y la soberanía del país.
El expediente contra Cevallos Umanzor queda en manos de la justicia hondureña, que deberá valorar los elementos presentados por la Fiscalía y resolver las actuaciones correspondientes.
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