
El Gobierno de Honduras puso en marcha el plan “Escudo de Honduras”, una nueva estrategia de seguridad diseñada para reforzar las acciones contra organizaciones criminales y aumentar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la prevención, investigación y persecución del delito.
Como primeras acciones del plan, las autoridades informaron sobre la captura de 18 personas señaladas preliminarmente de mantener vínculos con maras, pandillas y otras estructuras delictivas, que deberán quedar a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica.
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El plan contempla operaciones en distintos puntos del territorio hondureño, con énfasis en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Copán, Danlí, Olancho y Yoro. En esas zonas se reforzará la presencia de unidades especializadas y se ejecutarán acciones focalizadas según la información recopilada por los equipos de investigación e inteligencia.
La estrategia busca que los operativos respondan a las características particulares de cada territorio, de manera que las instituciones puedan concentrar sus capacidades donde las autoridades hayan identificado actividad de estructuras criminales.
El despliegue incluye patrullajes, vigilancia, puestos de control y otras operaciones destinadas a localizar personas requeridas por la justicia y afectar las capacidades logísticas y operativas de las organizaciones investigadas.
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Ocho zonas intervenidas
“Escudo de Honduras” fue diseñado bajo un esquema de tres etapas: intervención territorial, control territorial y estabilización territorial.
La primera contempla el ingreso y despliegue de las fuerzas de seguridad en los sectores priorizados, con operaciones focalizadas, patrullajes preventivos, controles, vigilancia, ejecución de órdenes judiciales y diligencias investigativas.

El propósito es intervenir puntos previamente identificados y reducir la capacidad de acción de las estructuras criminales que, según las investigaciones, mantienen presencia o desarrollan actividades en esos territorios.
Una vez completada la intervención inicial, comenzará la segunda fase, orientada a mantener el control de las zonas mediante una presencia operativa constante.
Esta etapa busca evitar que las organizaciones delictivas puedan reorganizarse, recuperar posiciones, movilizarse con facilidad o ampliar su área de influencia tras los primeros operativos.
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La tercera fase corresponde a la estabilización territorial. En este punto, la estrategia pretende pasar de las operaciones de intervención y control a un esquema de presencia institucional sostenida, que incluye mantener presencia policial, impulsar acciones de prevención, recuperar espacios públicos y fortalecer el modelo de Policía Comunitaria.
La intención es que las zonas intervenidas no regresen a una situación en la que grupos delictivos puedan ejercer control o influencia, sino que permanezcan bajo presencia de las instituciones del Estado. De esta manera, el plan pretende combinar las operaciones de seguridad con acciones preventivas y de acercamiento a las comunidades.
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Coordinación entre seguridad y justicia
Las capturas anunciadas como parte de las primeras acciones deberán continuar su trámite ante las instancias correspondientes, donde se determinará la situación jurídica de cada persona a partir de los elementos presentados por las autoridades.

La puesta en marcha de “Escudo de Honduras” ocurre tras las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y en medio de reformas relacionadas con el combate a las asociaciones terroristas.
Dentro de este escenario, las autoridades han enfocado parte de sus acciones en estructuras criminales como maras y pandillas, consideradas entre las organizaciones que serán objeto de operaciones específicas.
El plan busca aprovechar las capacidades de inteligencia, investigación y despliegue territorial de las distintas instituciones para desarrollar operaciones coordinadas y evitar que las acciones contra el crimen se concentren únicamente en intervenciones aisladas.
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El despliegue contempla la participación coordinada de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Militar del Orden Público, la Agencia Nacional Contra el Crimen y el Ministerio Público.
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