El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que su Gobierno no aplicará la Ley de Reciprocidad Económica contra Estados Unidos mientras continúen las negociaciones por los aranceles impuestos por Washington en julio. En una entrevista con Christiane Amanpour, de CNN International, precisó que Brasil aún podría adoptar medidas recíprocas si el diálogo fracasa.
“Creo que esos aranceles se basaban en mentiras”, dijo Lula. “Mientras sigamos en la mesa de negociaciones, no tengo por qué aplicar la ley de reciprocidad”.
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Estados Unidos anunció a mediados de julio un arancel del 25% que entró en vigor el 22 de ese mes. Surge de una investigación de un año de la Oficina del Representante Comercial (USTR) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y alcanza a productos como azúcar, maquinaria agrícola, prendas de vestir, papel y acero. Quedaron exentos la carne bovina, el café, el jugo de naranja y las piezas aeronáuticas.
El segundo gravamen, del 12,5%, procede de otra investigación bajo la misma norma, abierta el 12 de marzo, sobre la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso. La USTR fijó el 10% para México, Argentina y Canadá, y el 12,5% para Brasil, vigente desde el 24 de julio. Lula acusó a Washington de manipular un asunto de derechos humanos y sostuvo que Brasil aportó documentación durante la investigación.
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Las nuevas tasas llegan tras el arancel del 50% que Donald Trump impuso en 2025 y vinculó al juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intentar revertir su derrota electoral de 2022. El Gobierno brasileño calcula que los gravámenes de julio afectan al 18% de sus exportaciones a Estados Unidos, unos USD 7.400 millones.
El 16 de julio, Brasilia anunció que activaría la ley de reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso en 2025, y recurriría a la Organización Mundial del Comercio (OMC). El paso formal llegó el 13 de agosto: la Cancillería inició el análisis de una solicitud de encuadramiento, notificó a Washington y pidió consultas diplomáticas. La ley exige consultas previas a cualquier medida, y no hay datos públicos disponibles sobre qué productos gravaría Brasil ni con qué tasas.
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El 21 de agosto, Lula y Trump acordaron por teléfono reactivar las conversaciones en busca de una solución negociada. El 31 de agosto, el canciller Mauro Vieira y el ministro de Industria y Comercio, Márcio Elias Rosa, hablaron por videoconferencia con el representante comercial, Jamieson Greer. Ambas partes esperan verse en persona durante la reunión de ministros de Comercio del G20, el 30 de septiembre y el 1 de octubre en Milwaukee.
Las posiciones siguen distantes. Washington sostiene que corrige prácticas comerciales desleales, y el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Brasilia de no negociar de buena fe. Brasil rechaza los fundamentos de los aranceles y se niega a incluir en la mesa asuntos que considera de soberanía interna, como el sistema de pagos PIX.
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La cita con Greer llegará pocos días antes de la primera vuelta presidencial del 4 de octubre, en la que Lula busca la reelección frente, entre otros, al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y cercano políticamente a Trump. En julio, el Gobierno brasileño atribuyó la escalada arancelaria a la familia Bolsonaro.
Para Lula, la moderación preserva la vía negociadora con Washington sin renunciar a la amenaza. Si Washington no produce avances, Brasilia deberá decidir si convierte en medidas concretas una herramienta que hasta ahora es solo procedimental.
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