Tres años después del crimen de Villavicencio, la Fiscalía vuelve a una pieza clave que nunca pudo declarar

Tres años después del asesinato de Fernando Villavicencio, una de las personas que podía aportar información directa sobre la estructura que ejecutó el crimen sigue siendo una ausencia en el expediente. Johan Castillo, conocido como alias “Ito”, murió el mismo 9 de agosto de 2023, poco después del atentado contra el entonces candidato presidencial, durante un tiroteo con agentes policiales.

Las circunstancias de esa muerte volvieron ahora al centro de la investigación. La Fiscalía General del Estado convocó al exministro del Interior Juan Zapata para rendir versión dentro de una indagación previa por una presunta ejecución extrajudicial de Castillo, identificado por las investigaciones como uno de los integrantes del grupo que participó en el asesinato de Villavicencio.

La diligencia se realizó el lunes 7 de septiembre y se extendió durante cerca de cuatro horas. Al salir de la Fiscalía, Zapata explicó que respondió las preguntas de los investigadores y de los abogados que intervienen en la causa, incluida la representación de la familia del excandidato presidencial.

Su comparecencia despejó también una confusión que había surgido alrededor de la convocatoria. La investigación en la que rindió versión no corresponde al expediente que analiza las posibles fallas u omisiones en el dispositivo de seguridad de Villavicencio, sino exclusivamente a la indagación sobre la muerte de alias “Ito”.

La diferencia no es menor. El asesinato del candidato, ocurrido a once días de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023, generó una serie de procesos que avanzan por caminos distintos y buscan establecer responsabilidades diferentes. Tres años después, el mapa judicial del magnicidio continúa fragmentado.

Por una parte están las responsabilidades de quienes ejecutaron materialmente el asesinato. En julio de 2024, la Justicia condenó a cinco personas por el crimen, después de un juicio en el que la Fiscalía presentó decenas de testimonios y pruebas documentales.

Pero la investigación no terminó con esas sentencias. La Fiscalía abrió posteriormente el denominado Caso Magnicidio FV para determinar quiénes habrían estado detrás de la planificación y la orden del asesinato. En ese proceso existen siete personas procesadas como presuntos autores mediatos.

La causa llegó en junio de 2026 a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Durante veinte jornadas, la Fiscalía presentó 141 elementos de convicción generales y posteriormente expuso los elementos individuales que, según su teoría, vinculan a cada uno de los procesados con la estructura investigada.

El 14 de agosto, después de escuchar los pedidos de exclusión probatoria de las partes, el juez suspendió la audiencia para deliberar sobre una decisión central: determinar si existen elementos suficientes para llamar o no a juicio a los siete procesados.

Mientras ese expediente espera una resolución judicial, la comparecencia de Zapata reactivó otra pregunta que quedó pendiente desde el día del asesinato: qué ocurrió exactamente con uno de los presuntos integrantes del grupo que ejecutó el ataque.

Alias “Ito” murió poco después de que Villavicencio fuera atacado a tiros al salir de un acto político en un colegio del norte de Quito. Su fallecimiento impidió que pudiera rendir una versión judicial sobre la planificación del crimen, las personas que participaron en la operación y los posibles vínculos entre los sicarios y quienes habrían ordenado el asesinato.

Las investigaciones fiscales han señalado que Castillo era de nacionalidad colombiana y que mantenía contacto con Laura Castillo, alias “Laura”, una de las personas condenadas por su participación en el asesinato. La Fiscalía también ha vinculado a la estructura ejecutora con Los Lobos, uno de los grupos criminales más importantes del país.

La indagación sobre la muerte de “Ito” se originó en una denuncia por presunta ejecución extrajudicial presentada contra el expresidente Guillermo Lasso, el entonces comandante de la Policía Fausto Salinas y Juan Zapata, quien ocupaba el Ministerio del Interior cuando ocurrió el magnicidio.

La versión de Zapata no supone una imputación ni una acusación penal en su contra. Se produjo dentro de una investigación previa, una etapa reservada en la que la Fiscalía recopila elementos antes de determinar si existen indicios para abrir un proceso penal.

Sin embargo, la diligencia vuelve a mostrar que el caso Villavicencio está lejos de haber quedado cerrado con las primeras condenas. La Justicia ecuatoriana mantiene abiertas distintas rutas para reconstruir el asesinato: quiénes dispararon, quiénes organizaron la operación, quiénes pudieron haberla ordenado y qué ocurrió con las personas vinculadas al crimen inmediatamente después del atentado.

La muerte de alias “Ito” pertenece a esa última zona todavía bajo investigación. Y mientras la Fiscalía intenta establecer las circunstancias en las que murió uno de los hombres que pudo conocer detalles de la ejecución del asesinato, el proceso principal por la presunta autoría intelectual espera una decisión que podría definir si siete acusados enfrentan finalmente un juicio.

Tres años después del crimen que alteró la campaña presidencial ecuatoriana, el expediente judicial sigue avanzando por varias vías. La versión de Juan Zapata abrió nuevamente una de ellas y devolvió al centro una pregunta que nunca pudo responder uno de los protagonistas directos de aquella jornada: qué sabía alias “Ito” antes de morir.