
La principal fuerza de oposición en Bolivia impulsa una reforma constitucional que contempla 111 modificaciones y plantea cambiar el modelo económico, fortalecer las autonomías y reformar la justicia. El documento fue presentado por el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), jefe de la alianza Libre.
Este lunes, en una conferencia de prensa, el exmandatario afirmó que “reformar la Constitución es un imperativo nacional, no es un favor” y señaló que el país necesita saber “cuál es la salida” a la crisis económica que atraviesa.
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La iniciativa fue presentada por Libre ante la Asamblea Legislativa, donde deberá ser debatida antes de avanzar hacia un eventual referéndum. Quiroga pidió que el proyecto sea discutido con otras fuerzas políticas y sectores de la sociedad y sostuvo que el texto está abierto a modificaciones.
“Hay 111 artículos que hemos propuesto que se cambien, uno por uno pueden ver (...) y si alguien quiere cambiar más, cambiar menos, lo discutimos”, afirmó al presentar la propuesta.
Entre los principales cambios planteados figura una reforma del régimen económico. Quiroga propone dejar atrás el modelo que considera estatista y establecer mayores garantías para la inversión privada, incluida la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional en determinadas controversias.
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El expresidente vinculó la reforma constitucional con los planes del Gobierno de Rodrigo Paz para atraer capitales y reactivar sectores como hidrocarburos, minería y energía. “Ley de Hidrocarburos sin reforma constitucional no va a traer inversión”, dijo Quiroga.
La Constitución actual —vigente desde 2009 y aprobada durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019)— establece que las inversiones deben someterse a la jurisdicción y leyes bolivianas, una disposición que, según Quiroga, limita la posibilidad de incorporar arbitraje internacional en nuevas normas de inversión.
La propuesta también contempla cambios en el sistema de justicia, una ampliación de las autonomías regionales y modificaciones a las atribuciones del Congreso. Además, incorpora disposiciones relacionadas con la transformación digital del Estado y nuevas tecnologías.
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El expresidente pidió evitar que la discusión constitucional se convierta en una evaluación de la gestión de Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre de 2025 tras vencer a Quiroga en el balotaje. “No quiero que esto se vuelva un plebiscito sobre el Gobierno”, afirmó el jefe de la oposición.
En paralelo a esta propuesta, el Gobierno también ha anunciado una agenda de reformas estructurales para transformar la economía y el funcionamiento del Estado. Como parte de esa estrategia, el Ejecutivo informó en mayo que preparaba diez proyectos de ley sobre sectores como hidrocarburos, minería e inversiones, con el objetivo de reactivar la economía, atraer capital privado y reducir la burocracia estatal.
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Sin embargo, cuatro meses después del anuncio, el paquete no ha sido presentado en su conjunto ante la Asamblea Legislativa. Hasta ahora, el Ejecutivo solo ha remitido formalmente el proyecto de Ley de Inversiones, mientras las demás iniciativas permanecen en distintas etapas de elaboración o socialización.
La discusión sobre el marco jurídico boliviano se produce en un contexto de crisis económica, marcada por la caída de la producción de hidrocarburos y el agotamiento de las reservas internacionales. Mientras tanto, sectores políticos y económicos han cuestionado el ritmo con que el Gobierno avanza en las reformas necesarias que ha planteado desde el inicio de la gestión.
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