Organizaciones campesinas, productores, transportistas y sectores vinculados al evismo anunciaron movilizaciones para los próximos días en Bolivia, en rechazo a las medidas económicas del Gobierno y, principalmente, por la persistente escasez de diésel, mientras el país se acerca al vencimiento del plazo del estado de excepción.
La primera medida está prevista para el 2 de septiembre, cuando organizaciones sociales del municipio de San Julián, al este del departamento de Santa Cruz, anunciaron un bloqueo de carreteras durante 24 horas contra el Decreto Supremo 5676, que duplicó el precio del diésel para los “grandes consumidores” tras eliminar parcialmente la subvención al diésel. La decisión fue adoptada en un encuentro que reunió a representantes de distintos sectores de esa región.
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Los dirigentes de San Julián sostienen que la disposición afecta a los pequeños productores, especialmente durante la campaña agrícola de invierno de girasol y sorgo. Uno de sus principales cuestionamientos es el límite de 120 litros mensuales de combustible a precio subvencionado, que consideran insuficiente para las actividades productivas.
A esta protesta se suma una advertencia del transporte pesado, que se declaró en emergencia por las dificultades para acceder al combustible. El dirigente Nelson Carrillo afirmó que los conductores llegan a permanecer hasta 72 horas en las estaciones de servicio para conseguir diésel y advirtió que el sector podría sumarse a bloqueos y otras medidas de presión.
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“Si nos llaman para que apoyemos, lo vamos a hacer con bloqueos, fronteras, todo”, señaló Carrillo en declaraciones recogidas por el periódico El Deber.
En tanto, la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari —una de las que había impulsado los bloqueos de mayo y junio— también advirtió con movilizaciones si el abastecimiento de combustible no se normaliza en el corto plazo. Su ejecutivo, Rolando Choque, incluso planteó la posibilidad de desafiar el régimen excepcional actualmente vigente.
“Posiblemente vamos a movilizarnos, tal vez se va a romper el estado de excepción”, afirmó Choque, quien responsabilizó al Gobierno por una eventual escalada del conflicto y sostuvo que la situación podría desembocar en un nuevo escenario de protestas.
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El 4 de septiembre, en tanto, está prevista una marcha en Cochabamba convocada por organizaciones afines al expresidente Evo Morales. Las Seis Federaciones del Trópico y organizaciones campesinas aliadas se declararon en “movilización permanente”.
El evismo cuestiona las políticas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz, que califica de “neoliberales, empobrecedoras y privatizadoras”, y exige, entre otras medidas, la abrogación del Decreto Supremo 5676 y de otras normas que considera perjudiciales para la economía popular. También rechaza lo que considera una mayor influencia de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) en las decisiones del Ejecutivo.

El escenario de conflictividad coincide con la cuenta regresiva para el fin del estado de excepción. La medida entró en vigencia el 20 de junio y tiene una duración establecida hasta el 18 de septiembre, por lo que quedan menos de tres semanas para su conclusión.
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Ante los anuncios de movilizaciones, algunos legisladores oficialistas ya plantearon extender el régimen por otros seis meses. El diputado oficialista Manolo Rojas sostuvo que la ampliación puede ser sugerida mediante una resolución camaral, mientras que el legislador de oposición Alejandro Reyes respaldó la propuesta con el argumento de que se debe evitar una paralización de la economía.
El Gobierno, sin embargo, todavía no ha confirmado una ampliación. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que la continuidad de la medida será evaluada para garantizar las condiciones del Estado de derecho.
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