El gobierno de Bolivia reveló que el decreto que sube el precio del diésel “es uno de los condicionamientos del FMI”

En medio de los crecientes reclamos por el incremento del precio del diésel para algunos consumidores en Bolivia, la administración de Rodrigo Paz descartó su abrogación. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, justificó la continuidad de la medida por los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de USD 1.900 millones.

En un encuentro con alcaldes del país, Aramayo señaló que el financiamiento del FMI “viene atado a muchos otros elementos que han sido decisiones complejas que se han tenido que tomar, poco populares y para nada gratas”.

“El Decreto 5676 (…) es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI, en tanto liberación de precios de los hidrocarburantes”, añadió el funcionario.

El Decreto Supremo 5676, vigente desde el 27 de agosto, nivela al valor internacional el precio del diésel para los “grandes consumidores”: pasa de 9,80 bolivianos (equivalente a poco más de un dólar) a 18 bolivianos, lo que supone un incremento de casi el 84%. La norma establece que el objetivo es “regularizar la provisión” del carburante y señala que el precio es referencial y flexible, y que será calculado de manera diaria con base en los valores internacionales.

La medida no afecta al transporte público ni a los usuarios particulares para quienes el producto se mantiene parcialmente subsidiado. Sin embargo, ha generado el rechazo de múltiples sectores, principalmente productores agrícolas y el Comité Cívico de Santa Cruz, una organización que aglutina a varias instituciones del departamento y que se atribuye la defensa de los intereses de esa región.

Mientras la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Comité Cívico mantienen su exigencia de abrogar el decreto y dieron plazo al Gobierno hasta el domingo antes de tomar medidas de presión, organizaciones de productores realizaron una protesta con bloqueo en la ruta que une las ciudades de Trinidad y Santa Cruz, al este del país, pese a la vigencia del estado de excepción que prohíbe los piquetes.

En medio de los reclamos, el presidente defendió la aplicación del decreto y señaló que “se puede mejorar, pero no retroceder”. Paz argumentó que la crisis económica heredada de anteriores gestiones impide mantener el subsidio a los combustibles, vigente en el país durante casi 20 años y parcialmente eliminado en diciembre pasado.

Mientras el gobierno justifica la medida como parte de su estrategia para reducir el gasto público y cumplir compromisos con el FMI, la Gobernación de Santa Cruz, principal región productiva del país, busca abrir una vía paralela de abastecimiento con empresas privadas.

La propuesta del gobernador Juan Pablo Velasco contempla un decreto departamental mediante el cual la Gobernación sería articuladora entre proveedores internacionales y operadores privados para garantizar el abastecimiento, aumentar los volúmenes de importación y dar mayor estabilidad de precios.

Durante casi 20 años, los bolivianos compraron diésel y gasolina a un precio subsidiado y significativamente menor que el valor internacional. Sin embargo, las crecientes dificultades de importación —por la crisis económica, la falta de divisas y el agotamiento de las reservas internacionales— provocaron desde 2023 periodos de desabastecimiento cada vez más prolongados y frecuentes.

En ese contexto, una de las primeras medidas de la administración de Paz fue levantar parcialmente el subsidio con el objetivo de regularizar el suministro y combatir el contrabando de combustibles. Sin embargo, la medida aprobada en diciembre no logró resolver la crisis de abastecimiento ni disipó los cuestionamientos sobre la calidad del combustible comercializado en el país, que en el primer trimestre de este año provocaron daños en decenas de miles de vehículos que reportaron fallas mecánicas.

En ese contexto, el conflicto por el aumento del precio del diésel para los grandes consumidores pone al Gobierno de Paz ante el desafío de sostener una política económica que considera necesaria para estabilizar las cuentas públicas, mientras enfrenta el creciente costo político y social de sus decisiones.