El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó el martes que la investigación de la Fiscalía por el presunto delito de “tentativa de feminicidio” contra la abogada y activista Nadia Beller no sea declarada en reserva. El principal investigado es el argentino Fernando Cerimedo, quien permanece aprehendido en Santa Cruz tras el ataque armado que sufrió su ex pareja.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, informó que la decisión respondió a una solicitud pública de Beller, quien pidió acceso a la información de la causa y cuestionó un supuesto encubrimiento policial en favor de Cerimedo.
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“Ante la solicitud que ha realizado la víctima y amiga Nadia Beller (...), se le está instruyendo también al juez que conoce ya la causa y que está ante el control jurisdiccional que el caso no sea declarado en reserva para que ella pueda tener acceso a toda la información y para que se le brinden todas las garantías necesarias”, sostuvo Saucedo ante los medios en la ciudad de Santa Cruz.
El magistrado explicó que la Fiscalía puede solicitar ante un juez que una investigación sea declarada en reserva, aunque precisó que, por el momento, esa petición no fue presentada dentro de la causa vinculada con Beller y Cerimedo, quienes mantenían una relación sentimental.
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Saucedo también instruyó al juez responsable del proceso que actúe “de manera diligente” ante “todos los requerimientos que sean solicitados por el Ministerio Público” y que los emita “de manera inmediata”.

El caso comenzó después del ataque que sufrió Beller el lunes por la noche en Santa Cruz. La abogada recibió tres disparos de arma de fuego de parte de dos desconocidos que, según la información difundida sobre el caso, vestían como repartidores de comida a domicilio. El ataque ocurrió cuando se encontraba en las puertas de un hotel.
Cerimedo fue arrestado en las últimas horas cuando llegó a Santa Cruz procedente de La Paz. La Fiscalía lo investiga por el presunto delito de “tentativa de feminicidio” contra Beller. El argentino deberá comparecer ante un juez cautelar, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.
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Beller denunció en sus redes sociales un supuesto encubrimiento de la Policía de Bolivia en favor de Cerimedo y pidió que la investigación no fuera declarada en reserva. La abogada también reconoció que mantenía una relación sentimental con el argentino y sostuvo que, por esa cercanía, conoció supuestos hechos de corrupción dentro del Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz.
La activista aseguró que cuenta con pruebas sobre esas acusaciones y señaló a Cerimedo por dos supuestas infidelidades y por dos presuntos intentos previos de feminicidio. Esas afirmaciones forman parte de sus denuncias y no fueron acreditadas en la información aportada sobre el caso.
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El Gobierno boliviano también rechazó cualquier posibilidad de protección política para Cerimedo. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó este martes en una conferencia de prensa en La Paz que el argentino “no recibirá ningún tipo de protección política”.
“No ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política, por eso es que está aprehendido”, sostuvo Gálvez.

El funcionario afirmó además que el Ejecutivo “no tiene absolutamente nada que ocultar” ante las acusaciones de supuesta corrupción formuladas por Beller y señaló que todas las autoridades a cargo de la investigación tendrán “toda la colaboración del Gobierno”.
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“Nos sumamos a la iniciativa de los investigadores, conforme a la ley, a que se realice una investigación seria, transparente, profunda y ceñida a la verdad que tenga pruebas sobre cualquier hecho de corrupción que ha sido citado”, afirmó.
Gálvez agregó que “ni el presidente ni nadie de este Gobierno va a encubrir ni socapar a nadie que haya cometido ilícitos”, aunque aclaró que “tampoco se va a tolerar acusaciones infundadas que no tengan pruebas contundentes”.
El vocero también precisó que Cerimedo no fue un asesor formal del presidente Paz, sino “un colaborador cercano” durante la campaña para las elecciones generales de 2025. Según Gálvez, posteriormente “siguió colaborando en la gestión del presidente” en algunos “temas concretos de comunicación”, aunque sin formar parte de la estructura estatal.
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Antes de la decisión del TSJ, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, expresó su solidaridad con Beller y reclamó “una investigación seria y profunda” sobre el ataque. El funcionario aseguró que “en Bolivia nadie está por encima de la ley”.

Cerimedo es reconocido por su trabajo en campañas políticas a través de redes sociales. En Bolivia, su nombre también quedó vinculado a la campaña de Paz y a tareas de comunicación posteriores, según la explicación ofrecida por el Gobierno.
La causa continuará bajo control judicial y Cerimedo deberá comparecer ante el juez cautelar para que se determine su situación jurídica.
(Con información de EFE)
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