Estados Unidos sancionó a cinco empresas y ocho funcionarios cubanos por la compra de armas a Rusia y China

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves la designación de cinco entidades y ocho funcionarios cubanos vinculados a la importación de armamento y a la cooperación militar del régimen de La Habana con Rusia y China, en una nueva ronda de sanciones bajo el Decreto Ejecutivo (E.O.) 14404 firmado por el presidente Donald Trump el 1 de mayo pasado.

Las medidas apuntan a empresas estatales, conglomerados militares y altos mandos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba, con el objetivo de cortar los canales de abastecimiento de equipamiento bélico proveniente de Moscú y Pekín. Desde la firma del decreto, Washington ha designado a más de 55 entidades e individuos bajo esa autoridad.

Entre las entidades sancionadas figura la Empresa Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos (TECNOIMPORT), subsidiaria del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) —el conglomerado militar que controla la mayor parte de la economía cubana, sancionado en mayo—, que opera en la importación de equipamiento técnico, incluido material militar de origen chino y ruso.

También fue designada la Unión de Industria Militar (UIM), holding castrense responsable de la producción y reparación de armamento para las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y que mantiene vínculos activos con empresas de defensa rusas para la modernización de sistemas de armas.

La lista de entidades incluye además a la Sociedad Mercantil DUNA S.A., involucrada en la importación de equipamiento militar desde China y Rusia; la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin (EMI YURI GAGARIN), dedicada al mantenimiento de aeronaves militares de origen ruso; y la Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados S.A. (TECNOTEX), otra subsidiaria de GAESA que, según el comunicado del Departamento de Estado, “ha estado involucrada en esfuerzos para renovar la flota de helicópteros de origen ruso de Cuba y ha tenido cooperación previa con la República Popular Democrática de Corea”.

Entre los ocho individuos designados se encuentran el ministro del MINFAR, Álvaro Victoriano López Miera, y el jefe del Estado Mayor de las FAR, Roberto Legra Sotolongo, ambos previamente sancionados por el Departamento del Tesoro en 2021 bajo la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos Global Magnitsky.

También fueron incluidos José Antonio Remón Rodríguez, jefe de la Dirección de Relaciones Exteriores del MINFAR y responsable de la cooperación militar foránea; Óscar Enrique Biosca Gallego, jefe de la Dirección Económica del MINFAR; Mónica Milián Gómez, agregada militar cubana en Rusia; y Waldo Pérez Cortés, agregado militar cubano en China, señalado por su participación en la adquisición de equipamiento bélico chino para La Habana.

Las designaciones se producen dos semanas después de la publicación, el 20 de julio, del informe “Cuba: la Capital del Comunismo del Siglo XXI”, elaborado por el propio Departamento de Estado. El documento describe las alianzas del régimen cubano con Rusia y China, que han provisto a la isla de hardware militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad, y señala que Cuba se ha convertido en una plataforma de operaciones para adversarios de Estados Unidos en el hemisferio.

Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos norteamericanos quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Las transacciones de personas o entidades estadounidenses con los designados están prohibidas salvo autorización expresa de OFAC.

El Departamento de Estado advirtió que las personas o entidades extranjeras que realicen transacciones con los sancionados, o que operen en los sectores de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, quedan expuestas a ser ellas mismas objeto de nuevas sanciones.

Las instituciones financieras no estadounidenses también fueron alertadas sobre los riesgos de operar con cualquier parte bloqueada bajo esta autoridad.