
El presidente, José Raúl Mulino, vetó y devolvió a la Asamblea Nacional el proyecto 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y la tercera edad.
En una carta dirigida a la presidenta del Órgano Legislativo, diputada Shirley Castañedas, el mandatario plantea que, aunque el proyecto de ley 226 persigue un objetivo social legítimo, sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional.
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Por lo anterior, una nota de prensa de la Presidencia señala que “el mandatario ha encontrado razones tanto de inconveniencia como de inexequibilidad para objetar el proyecto en su conjunto”.
Entre los beneficios contemplados en la ley objetada se encuentran descuentos en medicamentos, consultas médicas, cirugías, tratamientos, hospitales, clínicas, laboratorios privados y centros de imagenología. La propuesta también incluye productos y servicios relacionados con la movilidad y asistencia de los adultos mayores, como aparatos de ortopedia, bastones, sillas de ruedas, muletas y caminadoras.
El proyecto amplía además los beneficios a restaurantes, actividades recreativas, transporte, servicios de cable e internet, tarjetas de crédito y débito, pólizas de seguro, consumo de agua, servicios de aseo, préstamos hipotecarios y pasajes aéreos, entre otros.
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Los impulsores de la propuesta sostienen que la ampliación de los descuentos constituye una medida de carácter social destinada a brindar un alivio económico a los adultos mayores, tanto panameños como extranjeros residentes en el país.
Durante la discusión, los diputados señalaron que la iniciativa no responde a una política de aumento de beneficios por sí misma, sino a una política social y reivindicativa orientada a mejorar las condiciones económicas de las personas mayores.
El proyecto establece que los beneficios otorgados mediante estos descuentos serán reconocidos como deducciones del Impuesto sobre la Renta para los establecimientos y entidades que los apliquen.
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La iniciativa también se fundamenta en compromisos internacionales asumidos por Panamá en materia de envejecimiento. Entre sus antecedentes se menciona el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento de 1982, que promovió la adopción de políticas públicas destinadas a fortalecer la seguridad económica y social de las personas mayores.
Las alternativas para ajustar o reemplazar el proyecto de ley 226, sobre descuentos a jubilados y pensionados en Panamá, fueron analizadas en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, durante reuniones de coordinación entre el Gobierno, la Asamblea Nacional, dirigentes de gremios de jubilados y representantes del sector privado.
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El 9 de septiembre Mulino acordó con los líderes de gremios de jubilados y del sector privado iniciar un mecanismo de diálogo formal para buscar alternativas viables al proyecto de ley 226, sobre descuentos a los jubilados y pensionados en Panamá, que fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional.
Esta decisión consensuada, según la información oficial, se logró luego de que el mandatario invitara a su despacho a representantes de las partes sobre las cuales rige la Ley 6 de 1987 relativa a los derechos y rebajas para la tercera edad, jubilados y pensionados.
Durante los encuentros, los participantes intercambiaron opiniones sobre ajustes al esquema de descuentos para jubilados, tomando en cuenta que existen productos y servicios vinculados al turismo y a hotelería, que no benefician directamente a los adultos mayores más necesitados del país.
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El presidente José Raúl Mulino también vetó el proyecto 594, que modifica y adiciona artículos a la Ley 49 de 1984, que dicta el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.
En carta dirigida a la presidenta del Órgano Legislativo, diputada Shirley Castañedas, sobre el proyecto de ley 594, planteó que fue objetado parcialmente por razones de inexequibilidad e inconveniencia. En total, nueve artículos del texto fueron objetados.
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