Nicaragua acumula fraude, amenazas y manipulación electoral desde 2008

Nicaragua atraviesa la etapa final de un proceso de desmantelamiento electoral que, según análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), se consolidó mediante fraude, violencia política, control institucional y manipulación del padrón desde 2008. La reciente declaración de Daniel Ortega de que no habrá más elecciones representa, en esta lectura, la culminación de años de violaciones sistemáticas al derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes.

El deterioro no comenzó con el anuncio del 19 de julio, cuando Ortega afirmó públicamente que enviaría reformas para eliminar los comicios. La pérdida de condiciones electorales competitivas se remonta a los pactos políticos e institucionales que facilitaron el retorno del Frente Sandinista al poder en 2007 y permitieron al oficialismo consolidar influencia sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Corte Suprema de Justicia y otros poderes del Estado.

El pacto Ortega-Alemán de 2000 marcó un punto de inflexión. Además de reducir el porcentaje de votos necesario para ganar la Presidencia en primera vuelta, abrió la puerta a un reparto de cargos en instituciones clave. Ortega volvió al Ejecutivo con un porcentaje mínimo de votos y con magistrados afines en organismos decisivos para la administración electoral y la interpretación constitucional.

Las elecciones municipales de 2008 fueron, de acuerdo con el análisis de la revista Perspectivas publicado por el CETCAM, el primer gran ensayo de control electoral bajo el nuevo gobierno. Aquellos comicios estuvieron señalados por denuncias de fraude, falta de transparencia y una fuerte violencia política contra opositores y ciudadanos que exigían resultados verificables. Grupos de choque vinculados al oficialismo participaron en agresiones e intimidaciones, mientras las autoridades electorales fueron cuestionadas por la ausencia de garantías y mecanismos independientes de observación.

Desde entonces, las irregularidades dejaron de limitarse a las mesas de votación y al conteo de boletas. El sistema fue incorporando mecanismos más amplios de control: manipulación del padrón electoral, obstáculos para la inscripción de votantes, uso de recursos estatales, presión sobre empleados públicos, compra de votos, amenazas y cancelación de personerías jurídicas de partidos opositores.

Los datos del proyecto V-Dem reflejan ese retroceso. Nicaragua pasó de un indicador de transparencia electoral de 0.65 en 1990 a 0.14 en 2025, en una escala donde 1 representa el mayor nivel de transparencia. El indicador incluye la ausencia de fraude, irregularidades sistemáticas, intimidación gubernamental contra la oposición, compra de votos y violencia electoral, prácticas documentadas repetidamente en el país desde 2008.

La ruta autoritaria se profundizó en los procesos posteriores. En 2011, Ortega logró reelegirse tras una resolución judicial que dejó sin efecto la prohibición constitucional de reelección presidencial continua. Más tarde, la reforma constitucional de 2014 eliminó formalmente esa restricción y suprimió el balotaje. Para entonces, el oficialismo ya había avanzado en el control de alcaldías y del Poder Legislativo.

Las elecciones municipales de 2012 confirmaron nuevas modalidades de fraude desde el aparato electoral, junto con el uso partidario de recursos públicos y la violencia contra sectores críticos. En 2016, la designación de Rosario Murillo, esposa de Ortega, como vicepresidenta formalizó la dimensión dinástica del proyecto político.

El proceso electoral de 2021 evidenció el cierre casi total de la competencia. En medio de la crisis iniciada por las protestas de 2018, el régimen encarceló a siete aspirantes presidenciales opositores y a numerosos dirigentes sociales y políticos. También canceló la personería jurídica de organizaciones partidarias y forzó al exilio a cientos de personas. Sin opciones reales en la boleta y bajo un ambiente de vigilancia y temor, la abstención fue masiva.

Entre 2024 y 2025, nuevas reformas constitucionales concentraron aún más el poder en la Presidencia, crearon dos copresidencias y limitaron la postulación de personas consideradas “traidoras a la patria”. La anunciada extensión de los períodos de autoridades públicas a siete años renovables terminaría de anular cualquier posibilidad de alternancia.

Para CETCAM, el fin formal de las elecciones no constituye un hecho aislado, sino el último paso de una estrategia sostenida durante casi dos décadas: sustituir el voto libre por un sistema de control, amenazas y obediencia política.