Bolivia levanta los bloqueos tras 50 días, pero la crisis política y económica sigue abierta

Bolivia despejó esta semana sus rutas tras 50 días de bloqueos que generaron desabastecimiento y agravaron la atención médica en las principales ciudades, mientras el gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta el desafío de reactivar la economía y restablecer el diálogo con los sectores que paralizaron el país.

Las protestas, iniciadas el 6 de mayo por organizaciones sindicales y campesinas que exigían la renuncia del presidente, dejaron al menos 16 muertos —13 de ellos por falta de atención médica oportuna— y pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares. Los puntos de corte llegaron al centenar, concentrados principalmente en la zona andina y el centro del país.

El sábado previo al levantamiento, Paz decretó el estado de excepción para habilitar la intervención conjunta de policías y militares en el despeje de carreteras. La medida se ejecutó hasta el martes prácticamente sin incidentes, ya que en la mayoría de los puntos conflictivos no quedaban manifestantes.

Con las rutas habilitadas, camiones con alimentos comenzaron a llegar a los mercados de La Paz y El Alto. Los precios empezaron a ceder: 30 huevos, que durante el conflicto se vendían entre 65 y 70 bolivianos (10 dólares), bajaron a 30-35 bolivianos (5 dólares).

Paz declaró ante la prensa que el bloqueo “ha sido derrotado, no puede retornar” y que Bolivia “se tiene que ordenar” para no repetir esta situación. Llamó a “construir y desarrollar un país donde todos los bolivianos se sientan con la oportunidad de crecer” y aseguró que seguirá dialogando con todas las organizaciones como “parte del reencuentro entre todos los bolivianos”.

Pese al alivio inmediato, las condiciones que originaron el conflicto permanecen intactas, según los expertos. Según el analista político Ricardo Paz, todos los actores salieron perjudicados: el Gobierno acumuló “varios errores”, mientras que los sindicatos y los grupos vinculados al expresidente Evo Morales (2006-2019) quedaron “muy golpeados, disminuidos y deslegitimados”.

Señaló además que el Ejecutivo necesita dar un “giro” a su conducción política, “mejorar significativamente la gestión pública y ejecutar con mayor eficiencia las reformas necesarias”, y transformar “de manera drástica” su política de comunicación.

El politólogo Franklin Pareja coincidió en que, para evitar una nueva escalada, el Gobierno debe mostrar “señales de recuperación macroeconómica”, combatir la corrupción y desarrollar “programas profundos de equidad” en las zonas rurales. Si avanza en esa dirección, sostuvo, “la capacidad de movilización de los grupos radicales disminuirá”.

“No podemos afirmar que existan ganadores cuando el costo social, político y económico ha sido tan elevado (...) el conflicto puede estar terminando, pero el problema de fondo persiste”, advirtió.

El conflicto se inició en la región de La Paz antes de extenderse a casi todos los departamentos. Los manifestantes acusaron al mandatario, con siete meses en el poder, de haberlos marginado de la toma de decisiones pese a haber respaldado su candidatura en las elecciones generales de 2025. También lo señalaron por pretender privatizar empresas estatales y encarecer los servicios básicos, cargos que la administración rechazó.

En una segunda etapa, las demandas confluyeron con reclamos de maestros, indígenas amazónicos, transportistas y mineros cooperativistas, sectores que fueron desactivando sus medidas tras llegar a acuerdos con el Ejecutivo. Semanas después, grupos afines a Evo Morales se incorporaron con una marcha desde el altiplano; el Gobierno lo acusó de financiar las movilizaciones con recursos del narcotráfico, cargo que el exmandatario negó.

(Con información de EFE, AP y DW)