La Corte Suprema de Estados Unidos abrió la vía judicial para que ExxonMobil reclame a Cuba por activos confiscados hace 65 años

La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este martes la demanda de ExxonMobil contra la empresa estatal cubana Corporación CIMEX por las propiedades confiscadas tras la revolución de 1959, en un fallo con amplias implicaciones para decenas de litigios similares pendientes en los tribunales federales.

Por seis votos contra tres, la Corte determinó que la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática de 1996, conocida como Ley Helms-Burton, elimina por sí sola la inmunidad soberana de las agencias e instrumentalidades cubanas, sin necesidad de que los demandantes satisfagan además las excepciones previstas en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) de 1976. La opinión mayoritaria fue redactada por el magistrado Brett Kavanaugh, secundado por el presidente del tribunal John Roberts y los jueces Thomas, Alito, Gorsuch y Barrett. La jueza Elena Kagan encabezó la disidencia, junto a Sotomayor y Jackson.

ExxonMobil reclama compensación por activos que pertenecían a filiales de Standard Oil —predecesora de la actual petrolera—, expropiados por la dictadura de Fidel Castro en 1960 sin ningún pago a cambio. Entre los bienes confiscados figuraban una refinería de petróleo y más de un centenar de estaciones de servicio. Según la propia empresa, esos activos fueron transferidos a CIMEX, el mayor conglomerado estatal cubano, que sigue operándolos y obteniendo beneficios.

El fallo es la segunda sentencia en menos de dos meses en que el Supremo falla a favor de propietarios estadounidenses afectados por expropiaciones cubanas. En mayo, el tribunal reactivó la demanda de Havana Docks Corporation contra cuatro navieras —Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Carnival Corporation y MSC Cruises— que utilizaron muelles en el puerto de La Habana entre 2016 y 2019, durante el breve deshielo de la era Obama. Ambos casos se sustentan en el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandar a quienes se beneficien de propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano.

Ese título nació con una particularidad: el Congreso otorgó al presidente la facultad de suspender su aplicación por razones de seguridad nacional. Desde 1996, cada jefe del Ejecutivo recurrió a esa prerrogativa cada seis meses, principalmente para evitar fricciones con aliados europeos y canadienses con inversiones en la isla. Trump rompió esa cadena en abril de 2019, y ese mismo día Exxon presentó su demanda. La apertura del Título III desencadenó alrededor de cuarenta y cuatro litigios, la mayoría desestimados hasta ahora por razones jurisdiccionales. El fallo de este martes disuelve esa ambigüedad al establecer que la Ley Helms-Burton opera como un régimen autónomo, independiente de la FSIA, para las entidades estatales cubanas.

La Ley Helms-Burton fue promulgada por Bill Clinton en marzo de 1996, semanas después de que la aviación militar cubana derribara dos avionetas civiles del grupo Hermanos al Rescate sobre el estrecho de la Florida. La norma codificó el embargo estadounidense a Cuba e incorporó el mecanismo del Título III para permitir acciones judiciales contra quienes se beneficien de propiedades nacionalizadas en la isla con posterioridad al 1 de enero de 1959.

La decisión llega en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana. El 20 de mayo, la administración Trump presentó cargos penales por homicidio contra Raúl Castro, en la escalada más agresiva de presión sobre el régimen cubano en décadas. Para la Casa Blanca, que apoyó el recurso de Exxon ante el Supremo, ambos litigios se suman al embargo petrolero como instrumentos de presión adicional sobre La Habana. La cuestión de fondo —la cuantía de las compensaciones y la ejecución de eventuales sentencias contra un Estado sin relaciones diplomáticas plenas con Washington— queda pendiente de resolución ante los tribunales inferiores.