El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien permanece en el extranjero tras recibir recientemente un indulto por parte de Donald Trump, descartó volver a su país o reincorporarse a la vida política, debido a preocupaciones sobre su seguridad, según declaraciones de su esposa, Ana García, a la agencia AFP.
Juan Orlando Hernández fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos a 45 años de prisión. Bajo este contexto, el indulto sorprendió al círculo familiar y fue gestionado por el abogado Renato Stabile, quien realizó la solicitud formal meses atrás. El político también había enviado una carta directa a Trump.
Según su entorno familiar, la decisión representa una forma de reparación frente a lo que califican como una “injusticia” impulsada por el entonces presidente Joe Biden y por narcotraficantes extraditados, cuyos testimonios fueron clave en el juicio celebrado en Nueva York.
Según relató García a AFP, el ex presidente enfrenta amenazas contra su vida y un clima hostil en Honduras.
El anuncio del perdón presidencial se realizó justo antes de las elecciones hondureñas. Trump manifestó su apoyo explícito al candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional, el mismo de Hernández, quien compite en una reñida contienda con Salvador Nasralla, del Partido Liberal.
Al momento del indulto, el resultado de los comicios aún no se había definido, manteniéndose la incertidumbre política en el país.
La presidencia de Hernández, ejercida entre 2014 y 2022, fue objeto de denuncias por presuntas manipulaciones de la justicia y concentración de poder. Tras concluir su segundo mandato, bajo cuestionamientos constitucionales y sospechas de fraude, fue extraditado apenas tres meses después por la administración de Xiomara Castro.
Durante el proceso en Nueva York, testigos, incluidos antiguos integrantes de carteles, declararon su participación en la introducción de grandes cargamentos de droga hacia suelo estadounidense. Uno de los testigos llegó a afirmar que escuchó a Hernández jactarse de introducir narcóticos “a los gringos en sus propias narices”.
La familia sostiene que la situación legal en Estados Unidos está “totalmente remediada” y que, por ahora, su prioridad es la reunificación y la búsqueda de residencia fuera de Honduras, evaluando riesgos relacionados con un eventual retorno.
La entrega de Hernández a la justicia estadounidense ocurrió bajo la ley de extradición que él mismo impulsó en 2012 como presidente del Congreso, bajo presión de Washington. Durante todo el proceso judicial, mantuvo su inocencia y proclamó: “Soy inocente”.
En este panorama, tanto las acciones futuras de Hernández como los movimientos de su familia se mantienen en reserva, priorizando la evaluación de condiciones de seguridad y legales en Estados Unidos y Honduras. La renuncia, al menos temporal, a un retorno o actividad política es la tónica predominante, mientras el exmandatario y su entorno inmediato buscan reconstruir su vida lejos del escrutinio público tras un proceso judicial internacional de alto perfil.
(Con información de AFP)
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