El Tribunal Supremo de Brasil afirmó que hay “indicios graves” contra Bolsonaro y garantizó un “juicio justo”

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil afirmó este miércoles que existen “indicios graves” contra los acusados en el proceso por el intento de golpe de Estado, entre los que figura el ex presidente Jair Bolsonaro, a quien garantizó un “juicio justo”, según informó el máximo tribunal en un comunicado. La respuesta se produjo tras las nuevas sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra el magistrado Alexandre de Moraes, instructor de las causas abiertas contra el exmandatario.

El Departamento del Tesoro de EEUU aplicó a De Moraes la Ley Magnitsky, que permite sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Para el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “De Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra el ex presidente Jair Bolsonaro”. Las sanciones bloquean posibles bienes y propiedades del magistrado en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.

Frente a esto, el STF sostuvo que “no se apartará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes del país, que garantizan a todos los implicados el debido proceso legal y un juicio justo”. El tribunal subrayó que juzgar delitos que constituyen “un grave atentado contra la democracia brasileña es competencia exclusiva de la Justicia del país”.

En el contexto de estas investigaciones, la Fiscalía brasileña ha acusado a Bolsonaro y a otras 33 personas de diversos delitos, entre ellos el intento de golpe de Estado contra su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El tribunal precisó que, durante la investigación, “se encontraron indicios graves de la comisión de dichos delitos, incluido un plan que preveía el asesinato de autoridades públicas”. Además, el Supremo comunicó que todas las decisiones tomadas por Alexandre de Moraes que afectan a Bolsonaro, como la imposición de una tobillera electrónica y la prohibición de acceder a redes sociales, fueron confirmadas de forma colegiada por la corte.

Medios brasileños señalaron que De Moraes no posee cuentas bancarias ni propiedades en Estados Unidos, por lo que las sanciones tendrían un alcance simbólico. A estas medidas se suma la revocación, el pasado 18 de julio, de la visa de entrada a EEUU para De Moraes y sus familiares directos.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, declaró ante la prensa que el Poder Judicial “no se curvará ante las presiones externas” y que el Gobierno brasileño “se reserva el derecho a responder” a las sanciones estadounidenses. Vieira, tras un encuentro en Washington con el secretario de Estado adjunto estadounidense, Marco Rubio, defendió la “independencia” del Poder Judicial brasileño y señaló que ambos funcionarios acordaron la “necesidad de mantener el diálogo” para resolver la crisis diplomática.

El canciller informó además que tiene previsto regresar a Brasil para comunicar los resultados de las conversaciones al presidente Lula da Silva, antes de definir una respuesta oficial a las sanciones. El encuentro representa el contacto presencial de mayor nivel entre ambos países desde que aumentaron las tensiones por las críticas de la administración de Donald Trump al sistema judicial brasileño.

El Gobierno de Trump ha justificado estas sanciones acusando a De Moraes de violar derechos humanos mediante órdenes para retirar publicaciones con mensajes antidemocráticos de redes sociales y por “perseguir” a Jair Bolsonaro, quien afronta juicio por el presunto intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022.

Por otra parte, el presidente Trump ha argumentado estas mismas razones para imponer un arancel del 50 % a ciertas importaciones brasileñas, aunque una parte de estos productos fue exenta de la medida. El Supremo Tribunal Federal, por su parte, reiteró en su comunicado que Bolsonaro cuenta con garantía de “juicio justo” y que todas las decisiones judiciales se ajustan al debido proceso legal.

(Con información de EFE)