El Ejército Nacional informó este 22 de septiembre de 2026 la captura de cuatro militares retirados y dos particulares requeridos por tráfico de material de guerra. A partir de información de inteligencia, el Comando indicó que el jefe de la red “vendría adelantando y coordinando todas las actividades delictivas desde la cárcel La Picota”.
La operación estuvo a cargo del Gaula Militar, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las órdenes de captura se emitieron por concierto para delinquir con fines de tráfico de material de guerra.
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Los detenidos fueron ubicados en Ibagué, Tolima; Armenia, Quindío; Florencia, Caquetá; Villavicencio, Meta, y Bogotá. Todos quedaron a disposición de las autoridades para su judicialización.
Según el comunicado, la organización estaba integrada por retirados de las Fuerzas Militares y civiles que extraían piezas de armas, municiones y accesorios de unidades militares para comercializarlos y trasladarlos hacia el oriente del país. El material tenía como destino estructuras criminales de Meta y Guaviare.
El Ejército ratificó su posición institucional frente a estos hechos: “Cero tolerancia con actos de corrupción y toda actividad que vaya en contravía del marco jurídico, principios y valores institucionales”.
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Capturan a ocho militares activos y un retirado por presunto peculado y falsedad en documentos
El 25 de agosto de 2026 se comunicó que nueve militares vinculados al Ejército Nacional de Colombia fueron capturados por presuntos delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público. El grupo está conformado por ocho uniformados activos y un sargento primero retirado.
Las órdenes judiciales fueron emitidas por la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta. En el operativo participaron el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
La investigación se prolongó durante más de 18 meses y se enfocó en posibles anomalías administrativas y en el manejo de bienes y recursos destinados a distintas unidades del Ejército Nacional.
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La actuación judicial busca establecer si los detenidos se apropiaron de recursos estatales y si utilizaron o modificaron documentos públicos para facilitar trámites irregulares o encubrir fallas administrativas.
Entre los detenidos hay tres mayores y cinco suboficiales activos
Los militares en servicio activo capturados son tres mayores, tres sargentos segundos, un sargento primero y un sargento viceprimero. El noveno implicado es un sargento primero retirado. La información oficial no incluyó las identidades de los detenidos ni precisó las unidades en las que habrían ocurrido los hechos investigados.
Según el Ejército Nacional, las diligencias permitieron identificar presuntas conductas contrarias al marco jurídico y a los principios que rigen la institución.
La pesquisa también examinó posibles omisiones en los controles internos y eventuales vínculos de complicidad dentro de las dependencias involucradas.
La investigación aborda el manejo de recursos y documentos oficiales
El peculado por apropiación ocurre cuando un servidor público utiliza recursos estatales para su beneficio o para favorecer a terceros.
La falsedad en documento público comprende la elaboración o modificación de documentos oficiales con el fin de respaldar actuaciones irregulares u ocultar anomalías.
Las acusaciones corresponden a hechos que permanecen bajo investigación. La responsabilidad de cada detenido deberá establecerse durante el proceso judicial.
El Ejército Nacional informó que los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para la etapa de judicialización.
El Ejército abrió actuaciones internas contra los implicados
La institución castrense anunció la apertura de trámites disciplinarios y administrativos paralelos al proceso penal. Esas actuaciones buscarán determinar la responsabilidad individual de los militares investigados y garantizar el debido proceso.
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El Ejército Nacional afirmó que mantiene una política de cero tolerancia frente a la corrupción. La entidad señaló que la operación conjunta buscó reforzar la transparencia y la legitimidad institucional.
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